La recta final de la carrera por la Presidencia de la República comenzó esta semana, luego de la jornada electoral del pasado domingo que sirvió para conformar el Senado de la República y la Cámara de Representantes que legislarán a partir del próximo 20 de julio.
En los comicios de este 11 de marzo además de conocer el listado de quienes harán parte del Legislativo, la atención se centró en las dos consultas partidistas que ratificó los nombres de los candidatos a la Presidencia de las colectividades en contienda, con resultados cantados porque en los electores no existía ninguna duda de los aspirantes que sacarían la mayor votación.
Pero ya conocidos dichos procesos, el país debe avanzar en el camino hacia la elección de quien se pondrá la banda presidencial el 7 de agosto, para ello se requiere reflexionar sobre el mandatario que necesita Colombia durante los próximos cuatro años.
Estamos en un punto de quiebre para el progreso o el retroceso de la nación, como ocurre en otras latitudes de América Latina que disfrazados de socialismo, están llegando a la desinstitucionalización.
Es momento de hacer una proyección para que haya un crecimiento económico mucho más significativo y constante, buscar la diversificación porque el petróleo que nos ha permitido tener una estabilidad en las finanzas, hace rato entró en crisis mundial, amén de que nuestras reservas se están agotando.
La competitividad y confianza para la clase empresarial está al orden del día, brindando garantías para la generación de empleo y reglas de juego claras, que den estabilidad jurídica para los inversionistas. La carga impositiva actual es demasiado alta, lo que dificulta la creación de empresa y formalización de la economía.
Una de las situaciones que más aqueja a nuestra sociedad actual es la percepción de inseguridad. El sentir de los ciudadanos es que la delincuencia se ha tomado las principales ciudades, además de la amenaza que aún representan grupos disidentes de las Farc, el Eln, bandas organizadas y organizaciones de narcotráfico.
Son echadas de menos acciones contundentes contra el delito, porque los grupos ilegales se volvieron verdaderas empresas del crimen que pueden operar sin controles rigurosas y las sanciones no corresponden al daño que diariamente causan.
No son infundadas las críticas por la falta de una política criminal efectiva, que contemple la judicialización de todos aquellos que atenten contra la seguridad ciudadana y de manera drástica, a los reincidentes. Son necesarias políticas de fortalecimiento de la Fuerza Pública, pero al tiempo, controles rigurosos para evitar actos de corrupción dentro de ella.
Justamente la lucha contra la corrupción también tiene que estar en la mira de quien aspire a ser el Jefe de Estado. Es uno de los males que más daño hace al crecimiento del país, porque además de afectar la economía, en especial los recursos públicos, desestabiliza las instituciones. Por eso es conveniente crear controles eficientes para evitar que las finanzas del Estado terminen en los bolsillos de particulares, o que se ponga precio a las gestiones estatales o coimas a contratos que se deben suscribir para generar bienestar a los colombianos.
El compromiso como ciudadanos es hacer la tarea de estudiar las propuestas y hojas de vida de quienes aspiran a gobernar en el próximo cuatrienio antes de decidir por quién va a votar, para acudir de manera consciente a las urnas alejados de pensamientos caudillistas. Hay que tener claro qué tipo de Estado queremos y que es el elector, al depositar su voto, quien da el primer paso para determinar el futuro de un país.
@WilsonRuizO