El hecho bochornoso y vergonzoso que ocurrió el pasado viernes 13 de septiembre en la parte externa de la Empresa de Servicios Públicos de Ocaña, ESPO SA, en el extremo sur y cerca del Batallón Santander, enlodó nuevamente la imagen de nuestra ciudad, tanto en el país como fuera de él, a través de las imágenes que circularon por la redes sociales, de la “batalla campal” protagonizada por algunos empleados de la Alcaldía y dicha empresa.
Como si no fuera suficiente, el corresponsal de un prestigioso medio radial nacional informó que el enfrentamiento había ocurrido en las propias calles y lo calificó como una asonada, cuando la fuerza pública solo acompañó a la entrada de la planta de tratamiento, a un lado del río Algodonal, luego de que varios jóvenes vinculados con el municipio intentaron romper las mallas que la encierran.
Los intentos por recuperar los activos, es decir, la infraestructura de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, comenzaron al inicio de este siglo durante la administración de Francisco Antonio Coronel Julio y se han prolongado en las alcaldías siguientes hasta la de la suspendida Miriam del Socorro Prado Carrascal, en la que se han intensificado los esfuerzos por acabar con la ESPO.
Sobre este extenso dilema se han tejido muchas especulaciones y también se hacen suficientes reflexiones: Si la empresa de economía mixta, en la que el municipio es dueño del 34 por ciento de las acciones, desde 1994, año de su constitución, viene prestando un muy buen servicio de abastecimiento de agua potable y recolección de residuos sólidos, ¿por qué la quieren acabar?
¿Por qué el alcalde encargado, Wilmar Bayona Ibáñez, asumió con tanto rigor la decisión, en segunda instancia, del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, de recuperar los polémicos activos, y no esperó que la Gobernación escogiera al mandatario municipal?
El secretario de Hacienda titular, que aceptó semejante compromiso, reconocido por su seriedad y profesionalismo, aparte de ser contador público, es abogado, ¿se habrá asesorado de manera suficiente para que no resulte sacrificado en este embrollo?
A través de diversos medios se asegura que en el caso de la retoma, la administración municipal contrató a una empresa costeña para que maneje temporalmente los servicios públicos que presta ESPO, y que luego de la interinidad, se entregarán en concesión a otra empresa del norte del país.
¿Por qué razón, en el peor de los casos de que logren liquidar a ESPO, acudirán a empresas costeñas si ellas acumulan muchos cuestionamientos por el pésimo servicio que prestan y por el turbio ambiente de corrupción que las envuelve?
Dentro de las coincidencias y suspicacias que cubren este triste y preocupante caso, ¿por qué la prisa para hacer efectiva la sentencia del tribunal departamental, si tanto la alcaldesa Miriam del Socorro Prado Carrascal y el gobernador William Villamizar Laguado se encuentran suspendidos de sus cargos?
Cabe recordar que antes de ESPO, a finales del siglo pasado, muchos barrios de la ciudad sufrieron largos racionamientos de agua potable y acumulación de basuras en las calles, después, todo cambió favorablemente para los ocañeros, y cerca de doscientas familias se sostienen gracias a los 52 empleos directos y 150 indirectos, mediante seis cooperativas contratadas por dicha empresa.
Ojalá que los que están interesados en que ESPO desaparezca, tengan en cuenta el impacto que provocará, no tanto por el desempleo que se derive sino porque vuelvan los movimientos de protesta en los sectores periféricos porque no haya un suministro regular de agua y de recolección de basuras, como ocurre en numerosas capitales y ciudades pequeñas de la Costa Atlántica.
Podría ocurrir otra lamentable coincidencia, que ESPO sea eliminada este año, en la Gobernación de William Villamizar Laguado, tal como ocurrió en 2009, cuando la boyante y próspera empresa electrificadora Centrales Eléctricas de Norte de Santander fue vendida a la empresa antioqueña EPM por decisión de Álvaro Uribe Vélez.
¿No es más fácil controlar o corregir los posibles errores que hayan cometido los distintos gerentes, incluyendo el actual, que erradicarla definitivamente?, entonces, ¿por qué quieren acabar con ESPO?