Los peajes en Colombia se han convertido en un tema de permanente perturbación, en donde se suele observar no solo el desconcierto, sino también la protesta efectiva que lleva a producir manifestaciones y bloqueos en las vías, con el consiguiente efecto en la economía y en el normal desplazamiento de los habitantes de las regiones.

Las autoridades del transporte, nos han dicho que en el país se han recaudado $26 billones, desde 1996, y que en la actualidad la cifra está llegando a tres billones en el año. Los quejosos expresan muchas razones y creemos        que les asiste bastante razón. En trayectos medianos, es posible encontrar hasta cinco peajes, en donde hay que pagar un poco más de $10.000 por cada uno, cuando se trata de un automóvil, y más de $50.000 si es un vehículo de carga.

Esta razón hace que los viajes de esparcimiento sean gravosos, y ni hablar de la incidencia en la economía nacional por los costos en la movilización de la carga. A todo ello se suma que la inadmisible tardanza en la implementación de los peajes electrónicos, hace que en la mayoría de ellos se presenten impresionantes trancones, sobre todo, en los días de alta movilidad, incidiendo notablemente en los tiempos de desplazamiento porque se generan fastidiosas, y a veces, tormentosas esperas.

Pero una razón que pesa demasiado, es el contraste que presentan muchas vías, con cobros de peajes muy eficientes, pero con inversiones inexistentes que se reflejan en calzadas llenas de huecos, con deslizamientos y con toda clase de perturbaciones, en donde la pregunta lógica de los conductores es ¿y qué se hace con la plata que recaudan toda esa cantidad de cajas registradoras?

La verdad es que las fallas que se presentan en esos recaudos, que van a la administración e inversión de los dineros en el sector, ofrecen demasiadas preocupaciones. La mayoría están en cabeza de la Agencia Nacional de Infraestructura, otros en el Invías, y una inferior parte, en sistemas concesionados.

Lo cierto es que tanto ciudadanos comunes, como los representantes del sector transportador de carga y pasajeros, deberían tener una participación efectiva en la administración de dichos fondos, pues no es posible que los dolientes, tanto de bolsillo, como de uso del servicio, tengan que soportar los ineficientes, y a veces atrevidos, usos de esas voluminosas sumas de dinero, que deberían estar al servicio de todos aquellos que las pagan de su propio peculio. 

Definitivamente no podemos seguir viviendo este espectáculo en Colombia, porque resulta ser un verdadero atropello al ciudadano común, y también a la economía nacional, que por ser su operación fundamentalmente terrestre, los impactos son enormes.

Como dice el representante Fabián Díaz, autor del proyecto que al respecto se tramita actualmente en el Congreso “a veces encontramos vías de ocho carriles perfectamente pavimentados, pero a 500 metros antes del peaje”.