Portar una toga como juez es uno de los máximos honores que puede tener un ciudadano en cualquier país del mundo, por la majestad que ello representa y la responsabilidad que recae sobre el funcionario que imparte justicia en nombre de la República. 

Tuve ese gran honor al desempeñarme como magistrado de Alta Corte, aceptando el mandato otorgado por la Constitución de administrar justicia con el compromiso de obedecer solo a los preceptos establecidos en el ordenamiento jurídico. 

Por eso me causó indignación que en la protesta hecha la semana pasada en diferentes ciudades, convocada para reprochar los presuntos actos de corrupción en que incurrieron funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, un grupo de abogados tirara al suelo el manto que visten los magistrados. 

Mi indignidad no es por la protesta, por el contrario, todos los colombianos tenemos que rechazar de manera vehemente la corrupción venga de donde venga, y mucho más si los protagonistas son servidores de la Rama Judicial que están llamados a velar por los derechos de los ciudadanos y actuar con transparencia. Mi indignidad es por ver en el suelo la prenda que representa a todos los jueces de la República, que en su gran mayoría son personas dedicadas a su trabajo, que sacrifican el tiempo de sus familias para cumplir con la carga laboral de despachos congestionados. La toga no es el símbolo del pequeño porcentaje de servidores judiciales que incurre en actos irregulares. 

Tirar la toga al suelo es insultar el trabajo de más de 34.000 servidores que tiene la Rama Judicial y es comparable con las manifestaciones en las que se queman las banderas de un país, deshonrando los símbolos de una nación. 

Por supuesto que los colombianos estamos indignados con tanta corrupción que hay a todo nivel. Con la actuación de los servidores públicos que desde los cargos que ejercen, han desangrado los recursos públicos e incurrido en actos delictivos. 

Me niego a creer que los despachos judiciales están ocupados por personas que se conciertan para cometer una serie de delitos, como se insinúa cuando despectivamente se habla del ‘cartel de la toga’. Conozco a muchos de esos funcionarios y en mi papel como magistrado, tenía que investigarlos y disciplinarlos si era del caso. 

Es cierto que impuse sanciones a quienes actuaron por fuera de la ley, deshonrando la dignidad que ostentaban, pero en mis recorridos por diferentes regiones del país pude constatar que la mayoría de los funcionarios y empleados se consagran a su trabajo. 

No se puede estigmatizar a todo un sector por actuaciones de unos cuantos, que si bien son escandalosas e inaceptables, no están generalizadas en el conjunto de la justicia. 

Justamente la justicia es la llamada, en lo de su competencia, a sancionar de manera drástica los hechos de corrupción y con más severidad cuando el mal está en la misma institucionalidad. Por eso esperamos que no solo se hagan anuncios de investigaciones, que se proceda con actuaciones claras, consecuentes con la gravedad de los ilícitos por la responsabilidad conferida a quienes los perpetraron. 

@WilsonRuizO