Nicolás Maduro cerró la frontera con Colombia y expulsó a colombianos acusándolos de paramilitares y contrabandistas; Juan Manuel Santos y Timochenko acordaron en La Habana el marco de justicia, que llamaron Jurisdicción Especial para la Paz; en el Congreso se tramita una ley de facultades al presidente para expedir decretos-ley que respondan a lo acordado en La Habana; en Quito con la presencia de Correa y Tabaré Vásquez, Maduro y Santos crean mesas de trabajo para una normalización de la frontera en el marco de lo que Maduro llamó, una nueva frontera .

¿Estos eventos están separados o son parte de una especie de guión orquestado desde Cuba por los cubanos, los venezolanos y las Farc, con la confianza de Colombia burlada? ¿O Colombia sabía y estuvo de acuerdo?

Analicemos cada escenario. Es claro que están unidos, la jurisdicción especial de justicia y la ley de facultades especiales al presidente, y por otra parte, el cierre de la frontera y la reunión de Quito. ¿Pero estos son dos pares independientes o son un cuarteto, o un póquer?

Si los pares son independientes, quedamos con la teoría válida, de un Maduro con graves problemas internos, que necesita una “amenaza externa” para recurrir al nacionalismo básico y buscar apoyo.

El jugó sobre dos realidades: los graves problemas históricos de frontera y la reacción cauta del gobierno Santos, que se jugó todo al proceso de paz con las Farc en La Habana. Si es así, fue válida también su apuesta.

Si los pares son un póquer, es decir, todos los eventos tienen relación, hay dos posibilidades: la primera, que el gobierno colombiano fuera tomado de incauto y la segunda, que no, la cual podríamos llamar la opción perversa.

La opción incauta muestra una alianza política de los boliburgueses venezolanos en el poder, con las Farc, que forzaron al gobierno colombiano a buscar una “nueva realidad” de la frontera, en los términos del gobierno venezolano.

Ello sumado a la posibilidad que la zona de reserva del Catatumbo se vuelva el sitio de restricción de la libertad de Timochenko, y algunos otros comandantes guerrilleros, sin que su sentencia implique pérdida de sus derechos civiles, incluyendo elegir y ser elegido, nos lleva a la posibilidad que las Farc sean autoridad en el Catatumbo y se conviertan en una extensión del modelo venezolano.

Esa realidad amenaza a Cúcuta y no parece ser que sea prioridad del gobierno Santos evitar estos efectos colaterales del proceso de paz. Sería otro sapo a tragar.

La opción perversa es la anterior con dolo. Es decir, el gobierno colombiano aceptó entregar la frontera a las Farc con soporte del gobierno boliburgués de Maduro, opción que es difícil de creer, pero opción para este análisis. Hay un hecho que daría validez a esta hipótesis, y es que el gobierno ha manejado la crisis como un “tema humanitario” sin buscar soluciones estructurales de fondo, que se han pedido. Y si se decidió sacrificar la frontera del Norte de Santander con Venezuela en el bien supremo de la paz, lo que menos quiere el centralismo nacional es unir una zona aislada, contaminada de modelo venezolano. La quiere aislada.

¿Pero a los que viven en frontera, el tema les llama a buscar soluciones a los posibles escenarios, o simplemente la suspensión del cobro del IVA y algunos beneficios de fletes de transporte de carbón los deja satisfechos?. En cualquier caso, ya parece tarde; como la langosta, nos cocinaron a fuego lento y ya casi estamos listos para pasar al plato. Parece que el as se debe buscar en uno de  los 10 puntos de las Farc para el fin del conflicto, Territorios especiales para la construcción de la paz (TECP): la frontera de Norte de Santander, la primera.