La deriva de la política exterior con Petro es sumamente preocupante. Esta semana, con ocasión del autogolpe de Castillo en Perú, Petro confirmó que sus decisiones en relación con nuestro asuntos externos se hacen por simpatías personales y afinidades ideológicas y no por la búsqueda de los intereses estratégicos nacionales.

Los antecedentes ya eran malos. Mostraban una línea política de apoyo al debilitamiento de la democracia: se acercó al brutal régimen iraní aún si haber asumido el gobierno; la delegación colombiana se retiró de la sesión de la OEA donde se buscaba condenar la dictadura nicaragüense; en abierta contravía a lo decidido por el pueblo chileno, reprobó el resultado del plebiscito que negó la propuesta de una nueva constitución y se atrevió a decir que “revivía a Pinochet”; escogió a Venezuela como sede de los diálogos con el Eln; se solidarizó con Cristina Fernández de Kirchner, sostuvo que el proceso en su contra era una “persecución” y atacó a los magistrados que lo adelantaban; profundizó su complicidad con la tiranía cubana y solicitó que la retiraran de la lista de países que promueven el terrorismo.

Con Perú se descaró. En lugar de condenar el autogolpe de Castillo, le torció el pescuezo a los hechos, sugirió que había ocurrido un golpe parlamentario y pidió que la CIDH otorgara medidas cautelares a favor del golpista presidente. Lo hizo, por cierto, media hora después de que la misma Comisión se pronunciara en contra de Castillo y aplaudiera la acciones que tomaron las instituciones peruanas para proteger la democracia que el   hasta entonces presidente quería subvertir.

La solicitud de Petro a la CIDH confirma una tendencia que ya se venía insinuando entre los distintos gobiernos de izquierda radical en la región: la manipulación del sistema interamericano de derechos humanos con fines políticos, falseando su naturaleza. Ya en la OEA habían maniobrado para tratar de evitar que Castillo fuera investigado por los delitos que ha cometido.

La contradicción entre el discurso formal de Petro y sus acciones es patente y patético. Sostuvo que su política exterior se basaría en el respeto del principio de no injerencia en los asuntos internos y no pasan quince días sin que haga alguna abierta intervención en asuntos de otros países.

Hay un evidente absurdo en un presidente que pone los derechos humanos y la democracia en el centro de su discurso pero que al mismo tiempo ataca de frente el sistema de frenos y contrapesos, la independencia judicial y el valor de la representación popular de los congresos.

Finalmente, acude a mentiras abiertas para justificar sus acciones y posturas ideológicas. Reiterando que nunca he tenido nada que ver con esos casos, salvo para criticar mucho de lo que hasta hoy se ha hecho, fue con falsedades que Petro justificó el cambio del equipo de defensa de Colombia en los asuntos contra Nicaragua en La Haya. Alegó que la visión ha sido “centralista” y que no tuvo en cuenta los derechos de la población raizal. No es verdad. Del equipo de defensa hizo parte Kent Francis, abogado sanandresano. Y desde hace más de cinco años hay un “raizal team” que asesora a Cancillería. Lo que sí es una estupidez es nombrar una bióloga como coagente, como ha hecho Petro.

Y es falso sostener que habrá un cambio de estrategia y, por un lado, nombrar como agente a Eduardo Valencia, parte del equipo desde el inicio del proceso y corresponsable de lo que ha ocurrido hasta hoy, y, por el otro, mantener a todos los asesores externos. Para bien o para mal, la estrategia de Colombia en La Haya es más de lo mismo.

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