Colombia llegó a ser el país con mayor índice de desplazamiento interno a raíz del conflicto vivido durante más de 50 años, que tuvo como protagonistas principales, en el papel de victimarios, a la guerrilla y las autodefensas, y en un segundo plano, generando éxodos masivos de campesinos y habitantes de ciudades intermedias, las llamadas bandas de delincuencia que en su mayoría son integradas por disidentes de las primeras.
Con el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, posterior a la desmovilización de grupos paramilitares, se pensó que el desplazamiento forzado era un triste episodio de la historia del país que ya se había superado. A fe de que así fue, por lo menos en un comienzo.
Muchos de quienes fueron obligados a dejar el territorio regresaron a su sitio de origen y esa negativa estadística se redujo, teniendo en cuenta que la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, reportó en el año 2016 124.295 desplazados y el balance de 2017 muestra que hubo 91.431 expulsados, aunque se presentaron 32.864 menos, sigue siendo preocupante. Más alarmante es que durante los últimos seis meses fueron desterrados cerca de cuatro mil familias.
Es cierto que la crisis en Venezuela es una de las causas del aumento de personas que llegan a las cabeceras municipales abandonando sus viviendas, sin embargo este fenómeno en zona de frontera es atribuible en gran medida a la presencia de grupos de delincuencia organizada, pues estas regiones limítrofes, incluso en el sur, linderos con Ecuador, son las preferidas por los ilegales y la disidencia de las Farc, ya que facilita la huida ante el asedio de la Fuerza Pública, para refugiarse en territorios vecinos.
La ACNUR señala que son 7.700.000 los desplazados que hay en Colombia, lo que representa más del 15 por ciento de la población, cifra escandalosa para un país que entró en la etapa del posconflicto y actual poseedor del premio nobel de paz.
Tener ese primer lugar no es honorífico y desdice de la voluntad de acabar con las guerras intestinas y desigualdades sociales, menos cuando se busca el reconocimiento a nivel mundial como un país que avanza en su desarrollo y que es respetuoso de los derechos humanos.
Una nación que pretende vivir en paz además de las acciones contundentes de las autoridades para contrarrestar cualquier brote de violencia, debe tener mayor presencia del Estado y mejor capacidad de respuesta a las necesidades sociales de la población. Si bien para ello se requiere de una inversión alta, la comunidad internacional y el propio Gobierno dispusieron de recursos para la financiación del posconflicto.
El que Colombia siga siendo el país con más desplazados internos obedece en gran parte a la falta de atención del Estado para los ciudadanos que viven en regiones que están siendo objeto de disputa entre organizaciones ilegales, quienes buscan el control del territorio dejado por las Farc.
@WilsonRuizO
