El envío de más de 400 militares al Putumayo debido a una matanza entre facciones residuales de las Farc y otros grupos delincuenciales muestra que, en buena parte, el ejército sigue siendo empleado como una fuerza “apaga incendios”. De esta forma cuando se perciba que el incendio se apagó, aunque no se haya extinguido totalmente, probablemente esa misma tropa será enviada a apagar otro que se presente en alguno de los varios territorios donde el imperio de la ley y el orden suena a utopía.
Es que una de las transformaciones sustanciales del escenario de conflicto y violencia organizada en el país, es la decisión de los grupos armados y del crimen organizado de no confrontar al Estado de manera sostenida. Lo corrobora el último estudio de “Indepaz” donde se argumenta que hay más de 65 estructuras o semiestructuras delincuenciales con incidencia en 346 municipios del país, con poca capacidad e intención de combate contra el ejército, pero alta capacidad de afectación y perturbación a los pobladores. No es pues de extrañar que las cifras de asesinatos de líderes sociales y firmantes del proceso con las Farc, y peor aún, las de masacres, se mantengan prácticamente en los mismos niveles de años anteriores.
Ahora bien, los propósitos de la “Paz Total” son loables, pero solo se podrán alcanzar paulatinamente en la medida en que la “seguridad humana” funcione cual espada de Damocles frente a los grupos delincuenciales que amenazan y perturban a varias poblaciones rurales, como una especie de dictadura armada con pretensiones de imponer “su ley”. Si la seguridad no funciona los incentivos para que los delincuentes se sometan a la justicia y resarzan a las víctimas serán insuficientes.
De cualquier manera, es de esperar que los órganos de inteligencia estatal estén buscando responder interrogantes tales como ¿dónde surgirán las disidencias del ELN?, ¿qué sectores del Clan del Golfo se opondrán al sometimiento?, ¿qué implicaciones habrá en territorios permeados por economías ilícitas?, ¿le conviene al país una unificación de las disidencias bajo la marca de estado mayor central, o es preferible ahondar su fragmentación?
Y para complementar la inteligencia estatal y proveer una seguridad efectiva en los territorios, es indispensable la inteligencia “in situ”. Y esta solo se obtiene después de alcanzada suficiente confianza entre las poblaciones y las autoridades de la fuerza pública. Confianza que solo se otorga a miembros de la fuerza pública que se sabe van a permanecer en el territorio como coraza frente a posibles retaliaciones de los delincuentes.
Por todo lo anterior el país está necesitando crear una Guardia Rural. Una fuerza pública en capacidad de salvaguardar los derechos de la población civil, yendo más allá del freno temporal a la amenaza como lo trata de hacer el Ejército. Y digo “trata” porque este no ejerce control territorial permanente. En cambio, como una Guardia Rural es una policía con estatuto militar, puede dedicarse permanentemente a la territorialidad asignada interactuando con las comunidades y autoridades civiles en la provisión de un ambiente seguro bajo el imperio de la ley y el orden. Ambiente este que es necesario para que el resto de institucionalidad, justicia, salud, educación, llegue para quedarse.
