No hay duda que la fuente de los males de Colombia, en materia de seguridad, es el narcotráfico, que subsiste y se fortalece a pesar de la guerra frontal contra los grandes carteles de la droga que prácticamente desaparecieron, por encima de los operativos y redadas que los organismos estatales emprenden contra organizaciones que obtienen el sustento del tráfico de sustancias alucinógenas.

El narcotráfico alimenta las manifestaciones de violencia porque de él se nutren todas las estructuras de delincuencia del país. De allí consiguen sus principales recursos los grupos guerrilleros, las autodefensas que siguen operando en diferentes regiones, las bandas criminales, en fin, hasta empresas legalmente constituidas se dedican al lavado de dinero proveniente del tráfico de estupefacientes.

Lo más preocupante en todo este negocio ilegal es el crecimiento que han tenido las pandillas juveniles, que se están apoderando de barrios, comunas y localidades de las principales ciudades del país.

Estas bandas son consecuencia de la venta de drogas ilícitas, porque logran apoyo económico del microtráfico, llevando su ‘producto’ en pequeñas dosis a colegios, universidades, zonas de rumba y esparcimiento y en las llamadas ‘ollas’ manejadas por ‘jíbaros’, en muchas ocasiones hasta miembros de la Fuerza Pública saben de su ubicación.

En un debate realizado el año pasado en el Congreso de la República se hablaba que en Colombia existen unas 537 pandillas, cifra que puede ser mayor si se tiene en cuenta que esa estadística fue recogida de las secretarías de gobierno de las alcaldías como un dato aproximado.

Esas patuleas son conformadas mayoritariamente por jóvenes no mayores de 25 años y gran parte de sus integrantes son menores de edad, reclutados por quienes manejan el negocio de las drogas que los vuelven adictos, los dotan de armamento y de “motivos” para determinar que sus enemigos son aquellos que no hacen parte del grupo que los identifica, ya sea por territorialidad, por integrar una barra brava u otra circunstancia.

El fenómeno está llegando a un punto crítico, pero parece que el Estado no quiere reconocer la magnitud del problema o voltea la mirada para otro lado, tal vez porque operan en barrios marginales como escuelas de grandes  delincuentes.

Bogotá con cerca de 150 pandillas, Barranquilla con unas 112, Cali con 106, Medellín con 92 y Bucaramanga con 50, son las ciudades más afectadas por esta clase de violencia que combina diferentes formas de delitos, que además de comercializar estupefacientes, se dedican al sicariato, hurto de vehículos y atracos. La situación más crítica la vive San Andrés, que en solo 26 km2 tiene 16 agrupaciones juveniles que controlan el territorio y crearon las llamadas fronteras invisibles. 

Por eso se requiere una solución integral con alternativas de vida para jóvenes que buscan una escapatoria a su pobreza y falta de oportunidades. Solución que debe tener componentes de educación, recreación, práctica de deportes con escenarios adecuados y opciones de trabajo.

Gruesa tarea tiene el próximo gobierno en la búsqueda de la prevención de pandillas, porque además de brindar oportunidades a la juventud, debe actuar con firmeza para acabar con ese foco de delincuencia que se está apoderando de las calles.