El Congreso estudia en este momento una nueva reforma al régimen en donde se pretende incrementar la participación a las regiones productoras, situación que colocará en desventaja a aquellas que no tienen un renglón minero considerable, desconociendo el mandato constitucional que dice que el Estado es el dueño del subsuelo y por lo tanto la riqueza allí presente le pertenece.

Pero a todas estas les va a incrementar la participación económica a unas regiones que no tienen la capacidad técnica para estructurar proyectos, tal como se evidencia del dato que ha publicado el ministerio de Hacienda en donde halló $10 billones que no pudieron ser ejecutados de la vigencia anterior y que tuvo que adicionárselos al presupuesto de este año.

Pero el tema no termina aquí: como no existe esa capacidad técnica, entonces esos abundantes recursos suelen invertirse en proyectos sin ningún sustento, que terminan convertidos en focos de corrupción pues los dineros pasan a los contratistas avivatos, con participación para los funcionarios concupiscentes.

¿Cómo es posible que un escenario como este amerite el incremento de la participación de recursos? Eso francamente nadie puede llegar a entenderlo, menos aún en un país tan carente de recursos y tan lleno de necesidades.

Este tema de las regalías no puede ser estudiado tan a la ligera. Se requieren muchos análisis y argumentos de peso, para poder identificar un esquema que permita, no solo una equidad en la distribución de las participaciones, sino un aseguramiento en cuanto a la transparencia y la efectividad de las inversiones.

El espectáculo que han presentado muchas regiones administrando esos recursos es verdaderamente grotesco y figura dentro de los casos más aberrantes de corrupción. La pregunta que se puede hacer cualquier observador desprevenido es ¿Cómo es posible que recursos tan valiosos, estén tan desprovistos de herramientas que garanticen su eficiencia?

No podemos seguir en ese esquema de reformar por reformar, cuando el saco está roto y los presupuestos expuestos a toda clase de vejámenes.

El Departamento Nacional de Planeación debería tener una dependencia exclusiva, con cargo a ese renglón, para estructurar prioridades y diseñar proyectos, de tal manera que esos dineros puedan ser aprovechados en la mejor forma. Si se sigue dejando ese tema en manos de las regiones, más sorpresas nos esperarán, que nos seguirán llenando de vergüenza.