Las altas tasas de desempleo en el país y en especial en la zona de frontera, las cuales ya superan el veinte porciento, deben encender las alarmas del gobierno, pues no son sólo las cifras frías de la desocupación, sino la radiografía cruda de una honda crisis social. Esta circunstancia se ve agravada por la absurda tasa de informalidad superior al setenta por ciento, demostrando que ante la imposibilidad de conseguir empleo, la gente se dedica al rebusque.

No es un secreto que la actual pandemia agudizó la crisis económica a nivel mundial y por ende las tasas de desempleo mantienen la tendencia a subir dadas las condiciones actuales. La situación parece que está dentro de los cánones normales, pues desafortunadamente no hay muchos espacios para trabajar, drama que muchas familias viven a diario, sin embargo, eso no es tan cierto, pues existen formas de aliviar esta carga.

La imposibilidad de tener un empleo digno golpea con mayor fuerza a los jóvenes recién egresados, quienes no encuentran espacios para proveer con facilidad una vez obtienen su títulos profesionales o técnicos. Esta circunstancia crea frustración social al interior de muchas familias que con esfuerzo sacaron adelante a sus hijos, con la esperanza de un futuro mejor, que no logran avizorar.

En Colombia se han tomado medidas tendientes a subsanar esta crítica situación, pero su impacto ha sido bajo, leyes como la de primer empleo intentaron que los jóvenes tuvieran acceso a esta posibilidad, pero no se logró el cometido, pues nuestros jóvenes siguen en la incansable búsqueda de empleo. La generación de empleo no puede ser tan sólo la rogativa de un gobierno al sector empresarial de generar plazas de trabajo, por el contrario debe contar con la armonización total del ordenamiento jurídico, a través del cual el Estado puede intervenir, para logar el cometido.

Ante la evidente falta de solidaridad social en nuestro medio, sería oportuno que el gobierno revisara leyes como la de retiro forzoso (Ley 1821 de 2016) que ampliaron esta condición hasta los 70 años, por lo cual la denominaron jocosamente, la ley bastón. Si se analiza con detenimiento, la edad pensional en Colombia es de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres, esto significa que los funcionarios públicos pueden alcanzar su estatus de pensión y no retirarse de su cargo, hasta 13 años despues en las mujeres y 8 en los hombres.

Las entidades del Estado tienen funcionarios quienes contando con la posibilidad de retirarse, no lo hacen y algunos incluso esperan a ser sacados a la fuerza, después de cumplir con los 70 años. Este tipo de situaciones hace que se niegue el espacio a otras personas para ingresar a la mayor empresa con la que cuenta el país, el Estado. Esta falta de solidaridad, pero a la vez de disparidad jurídica le roba la oportunidad a los jóvenes, pues una persona pensionada ya tiene un ingreso fijo y digno con qué sustentar a su familia.

Si queremos mejorar las cosas, deberíamos pensar en abrirle espacios a los jóvenes y no permitir que otros se atornillen de manera inadecuada a los pocos espacios que hay. En Colombia debería eliminarse la ley bastón, pues necesitamos oportunidades para los jóvenes.