Colombia siempre ha sido un país de contrastes y regiones, de diversidad étnica y cultural. De múltiples idiosincrasias con una misma historia común, con similitudes en muchos aspectos, como el idioma y la religión, también son marcadas sus diferencias.
A lo largo de nuestra historia política se ha derramado mucha sangre respecto a la definición de los modelos político-administrativos que se han implementado en Colombia desde el inicio de su vida republicana. Los modelos centralista y federalista, tan discutidos por muchos, con pros y contras, han venido morigerándose para buscar un punto medio entre ambos: un Estado de regiones.
Nuestro modelo constitucional establece una cláusula abierta en lo que respecta a la estructura político-administrativa. Como Estado unitario Colombia contempla la posibilidad de desarrollar la autonomía y descentralización administrativa de entidades territoriales diferentes a las tradicionalmente conocidas como son los municipios, departamentos y distritos: las regiones (RET).
En efecto, desde el año 2011 se comenzó a desarrollar a través de la Ley orgánica 1454 las diferentes formas de asociación entre entidades territoriales existentes para desarrollar distintos proyectos estratégicos para el desarrollo social, económico, ambiental, de infraestructura, de servicios públicos en sus respectivos territorios: regiones administrativas y de planificación, regiones de planeación y gestión, asociaciones de departamentos, áreas metropolitanas, asociaciones de distritos especiales, provincias administrativas y de planificación y las asociaciones de municipios.
¿Han funcionado estos esquemas a nivel nacional? Aún es muy temprano para dar una respuesta objetiva afirmativa. En algunas regiones como la costa Caribe se pueden ver algunos resultados importantes en infraestructura. Por ejemplo, la Ley 1454 establece la figura de los contratos o convenios plan que consisten en la posibilidad de financiar proyectos estratégicos de desarrollo por parte de la Nación, las entidades territoriales, las áreas metropolitanas, asociaciones de municipios etc.
Es decir, por ejemplo si nos proponemos en los próximos cuatro años desarrollar un nuevo sistema de transporte masivo en el área metropolitana de Cúcuta, o un centro de convenciones, o una nueva terminal de transportes, o la protección del ecosistema del páramo de Santurbán, o la reactivación de la zona del Catatumbo; podríamos usar estas figuras administrativas importantes que al día de hoy han sido más letra muerta que instrumentos eficaces de desarrollo.
En ese sentido, la Ley 1962 de 2019 o Ley de regiones da un paso adelante en el desarrollo de una Colombia de regiones. Ello por cuanto establece los criterios para convertir una región administrativa y de planificación (RAP) -que recordemos es un instrumento de desarrollo de proyectos de diversa índole- en una Región Entidad Territorial (RET), así como la reglamentación de su funcionamiento, de las relaciones entre estas y las otras entidades territoriales existentes en concordancia con los artículos 306 y 307 de la Constitución Política.
Esta nueva figura político-administrativa llamada Región Entidad Territorial (RET) tendrá de manera permanente atribuciones -de acuerdo a la Ley que las constituya- orientadas al desarrollo económico y social del respectivo territorio, bajo los principios de convivencia pacífica, sostenibilidad, inclusión, equidad y cierre de brechas intra e interregionales urbano-rurales.
El gran reto ahora será garantizar las fuentes de financiación de estas nuevas RET con los recursos de las diversas entidades territoriales, pero en especial con los presupuestos anuales de la Nación, para lograr su consolidación, una verdadera descentralización administrativa en Colombia, la posibilidad de tener una estructura organizativa territorial eficiente, robusta, que permita asumir diversos proyectos estratégicos importantes que impacten en la calidad de vida de las personas.
