El magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moise que contó, al parecer, con la participación de ex-miembros de nuestras Fuerzas Militares nos muestra, además de la trágica violencia que vive este país, una cruda realidad y es la de la vinculación de militares retirados colombianos a las redes globales de mercenarios. Estructuras que se enriquecen en conflictos a lo largo y ancho del mundo, y trabajan para redes criminales que no se detienen ante la posibilidad de ejecutar un crimen tan atroz como el que sufrió el presidente haitiano y su familia.
Ahora bien, aunque es aterrador lo que pasó en Haití, algo que debemos tener claro es que lo sucedido no es un caso aislado. Por ejemplo, la participación de militares colombianos retirados en grupos de mercenarios o ejércitos privados es común en regiones como el Medio Oriente. En esta región, es normal que empresas de países como los Emiratos Árabes Unidos los contraten en labores de protección de empresarios o como miembros de ejércitos privados, así como para formar parte de equipos de intervención militar extranjera y aplicar su conocimiento en la fabricación de armas a pedido de señores de la guerra. También se ha documentado la participación de ex–militares colombianos en los conflictos de Yemen, Libia, Irak o Afganistán, desde grupos mercenarios.
Esta problemática no ha sido enfrentada por el Estado Colombiano, ya es hora de que el gobierno tenga una posición clara y no se quede en comunicados vagos frente a un fenómeno que requiere legislación y una nueva política. No se trata de salir como lo hizo la vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores, Marta Lucía Ramírez, a decir que los militares retirados “fueron engañados” o, como hizo el presidente Duque, asegurar que ellos no sabían que su “misión” era matar. Definir esto es tarea de la justicia haitiana, no de funcionarios colombianos.
Al contrario de esto, necesitamos acciones concretas para enfrentar la creciente mercenarización de nuestros ex-militares. En este sentido, se requiere mejorar las condiciones de retiro para los rangos medios y bajos. También, que los servicios de inteligencia del Estado vigilen el accionar de las redes internacionales de mercenarios para disminuir su capacidad de acción en Colombia. Acá es clave la comunicación con agencias de seguridad extranjeras. Otro punto fundamental será revisar y actualizar la normatividad colombiana frente a estos procesos de mercenarismo, pues la legislación está desactualizada. En resumen, debemos enfrentar este problema sin vacilaciones, con ajustes institucionales y trabajando de la mano con otros países o correremos el riesgo de ser, como ya nos ven en algunos países, una fábrica de mercenarios y menoscabar así la dignidad de nuestra fuerza pública.
Los contribuyentes colombianos hemos sufragado con nuestros impuestos a la fuerza pública para que sea una institución respetuosa de los derechos humanos, de excelencia, moderna, bien entrenada y con profunda convicción del significado de ostentar el monopolio de la fuerza para cumplir la constitución y su mandato de proteger la vida, honra y bienes de todos los ciudadanos. También el esfuerzo fiscal y tributario, garantiza a los retirados un régimen pensional especial después de los grandes sacrificios personales que han hecho en servicio activo y que el país reconoce y valora. Sin embargo, deben tener presente que su compromiso moral y ético con los derechos humanos, la defensa de las instituciones democráticas y el honor militar, no termina con su retiro. Más bien adquiere una nueva dimensión como ciudadanos deliberantes y electores desarmados.
