En columnas anteriores he planteado la urgencia que el Gobierno Nacional tome medidas extraordinarias para que se favorezca económicamente esta región del país reiteradamente olvidada.
Sugerí en su momento como parangón con la ley Páez promulgada a raíz de la tragedia del 6 de junio de 1994 en la zona del departamento del Cauca que transformó su aparato productivo atrayendo una fuerte inversión permitiéndole su desarrollo económico y social, mejorando la calidad de vida de sus habitantes, se hiciera algo similar para nuestro departamento.
Hemos arado en el desierto, nuestro clamor ha caído en oídos sordos en el gobierno central.
Después de un paliativo generado por la exoneración transitoria del Impuesto del Valor Agregado (IVA), impulsada por el cierre de la frontera con Venezuela nada importante se ha cristalizado.
Somos lejos los campeones en desempleo, la construcción se estancó, los empresarios en su mayoría están con el agua al cuello, la inseguridad nos tiene acorralados por los diferentes costados, la miseria se ve y se siente por doquier, las carteras morosas en los municipios y departamento por concepto de impuestos crece exponencialmente sin perspectivas a la vista, aislados sin suficientes vías de comunicación, la zona del Catatumbo que explota, en fin la nación pudiéndose dar la pela con inversión no lo hace, en definitiva estamos bien “jodidos” con J bien grande.
El gobierno municipal con el ánimo de aliviar la obligación tributaria de los miles y miles de contribuyentes del impuesto predial e industria y comercio que se encuentran en mora, presentó al Concejo Municipal un proyecto de acuerdo ofreciendo descuentos en los intereses a los contribuyentes que se pusieran al día antes de terminar el presente año, pero a pesar de contar con un buen ambiente en el Cabildo, la iniciativa tiene el tropiezo en las decisiones de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado en que esta debe estar sustentada como medida excepcional ante una emergencia social y económica en la región.
Y ¿quién dicta estas medidas de excepción en Colombia de acuerdo con nuestra Constitución?
Pues el Gobierno Nacional con la firma de todos sus ministros.
Si el presidente Santos realmente tiene voluntad política en ayudar a nuestro departamento, debe decretar la Emergencia Económica, Social y Ecológica para que a través de decretos leyes se conjure la crisis e impida que sus efectos se extiendan dictando medidas de carácter tributario atractivos a la empresa privada de tal suerte que se genere empleo para el desarrollo del aparato productivo en el departamento. El trámite normal por el Congreso de una medidas favorables para esta zona, tienen la oposición de los congresistas del interior que ven amenazadas sus industrias ante una posible autosuficiencia generada por la instalación de un sinnúmero de estas en nuestra región como resultado de unos beneficios realmente favorables que motiven este desplazamiento. Y de contera le demostramos a las altas Cortes con el decreto de Estado de Emergencia en la mano que de verdad estamos ante una situación extraordinaria en el departamento Norte de Santander de modo que el acuerdo del Concejo Municipal concediendo descuentos en los intereses moratorios a los contribuyentes del impuesto predial e industria y comercio es justa y necesaria.
