Amables Lectores: Debemos destacar que en campañas políticas anteriores la palabra “Paz” jugó un papel preponderante, siendo definitiva en la obtención de votos por parte de los candidatos. Quien no hablara de “Paz” y no prometiera obtenerla su oportunidad de triunfo estaba reducida a un mínimo porcentaje. En la próxima campaña el vocablo a utilizar, buscando captar la voluntad de los electores, será “anticorrupción”. Quien logre vender con éxito a su clientela la idea de combatir la corrupción verá unos resultados electorales con cifras muy positivas.
Con este vocablo, utilizado en campaña, se debe tener un gran cuidado a no impulsar líderes, con perfil dictatorial, que surjan, disminuyendo garantías ciudadanas, con el afán de mostrar una lucha frontal contra la corrupción. No patrocinemos a aquellos que utilizan como herramientas para captar votos, los ataques jurídicos a sus rivales políticos para ir escalando posiciones ante la opinión pública. Las ideas no se pueden reemplazar por debates que incluyan denuncias, muchas de ellas pertenecientes al grupo de los “falsos positivos”.
Las medidas de aseguramiento originales en la Fiscalía General y que llueven como granizada sobre los miembros de Congreso, causan hilaridad, cuando vemos que simultáneamente llegan al Congreso, diez o más proyectos de ley dizque para combatir la corrupción. Simplemente añadiría: “es terrible ver al diablo haciendo hostias”. Las leyes y normas por sí solas no modifican los comportamientos, con referencia a actos corruptos de nuestra clase política.
En los últimos años se ha escrito normas con muchísimas amplitud para luchar contra el flagelo de la corrupción. Este Gobierno expidió un decreto para aumentar los controles a las entidades sin ánimo de lucro cuyo manejo muchas veces se movía sobre los linderos de corrupción.
Existe desde 2011 un Estatuto Anticorrupción donde se establecen consejerías con zares especializados ¿Para qué nos ha servido tanta burocracia? Lamentablemente la corrupción es un monstruo de mil cabezas que ha sobrevivido a tanta parafernalia.
Aunque parezca difícil de creer más de 200 funcionarios entre fiscales, jueces, magistrados, policías y políticos, senadores, representantes, gobernadores, alcaldes, diputados y concejales, han sido detenidos por corruptos. Se han dicho frases, por parte del fiscal General, con un gran contenido de agresividad pero llenas de una gran verdad: “El Racumín no se ha terminado”; esta es una forma didáctica de recordar la existencia de un veneno para cazar a las “ratas” corruptas de una administración. La limpieza no solo se ha llevado a cabo en el exterior de la Fiscalía sino se ha hecho una depuración interna retirando, entre otros, al jefe anticorrupción, Gustavo Moreno, quien será deportado a los Estados Unidos, por recibir un soborno de un gobernador enjuiciado. También el fiscal delegado ante los tribunales, Rodrigo Aldana, fue detenido. Existen más de 50 funcionarios arrestados por corruptos entre fiscales e investigadores.
No olvidemos el “Macrosoborno” de la constructora Odebrecht. Inicialmente se pensó que era de 11.1 millones de dólares equivalentes a 21.550 millones de pesos pero resultó por una suma de 37 millones de dólares que al cambio arrojaría una suma cercana a los 84.000 millones de pesos. El fiscal informa que el ex viceministro de transporte, Gabriel García, recibió de esta firma la no despreciable suma de 6 millones de dólares. Dentro de los investigados por la Fiscalía y que serán llamados a declarar para definir si participaron o no de una tajada del ponqué, están Bernardo Ñoño Elías, Musa Besayle, Plinio Olano, Antonio Guerra de la Espriella, el representante a la Cámara Ciro Rodríguez y el exministro Miguel Peñaloza. Norte de Santander siempre pone su cuotica.
El fiscal también habló de porcentajes en el reparto de la coima. Un 2% para Ñoño Elías y sus amigos de las comisiones de presupuesto. Un 1% para Federico Gaviria y Otto Bula, y un 1% adicional para otros políticos que manejaba Federico Gaviria. Se estima, basándose en el monto de la obra adjudicada ilegalmente, que cada 1% de soborno representa 10.0000 millones de pesos.
