Andrés Felipe Rodríguez(23), Juliete Ramírez Meza(18), Jaider Alexander Fonseca(17), Fredy Alexander Mahecha (20), German Puentes (25), Julián Mauricio González(27), Angie Paola Vaquero (19), Cristian Alberto Rodríguez(21) y Cristian Camilo Hernández (26). Estos son los 9 jóvenes asesinados la noche del 9S que no podemos olvidar y sobre cuyas muertes las investigaciones de las autoridades deben dar resultados rápidamente.
La opinión pública se ha concentrado en los videos que demuestran la forma cruel en que dos policías atacaron a Javier Ordóñez; los incendios de los CAIS; los excesos de la policía que pareció descontrolada durante largas horas de la noche de ese 9S; las desafortunadas declaraciones del Ministro de Defensa; la silla vacía del Presidente Duque y el nuevo choque entre el gobierno nacional y la alcaldesa de Bogotá. Pero más allá de esos episodios mediáticos, está la vida de estos 9 jóvenes, la destrucción de sus sueños y los de sus familias.
Sin duda es positivo que la Fiscalía General de la Nación en una semana impute a los policías que provocaron la tragedia y que actuaron con una sevicia y maldad que horrorizan. El informe de medicina legal concluye que el señor Ordoñez fue torturado en el CAI y golpeado en forma bárbara hasta causar su muerte. Se quedan cortos quienes comparan este doloroso episodio con el de George Floyd en Estados Unidos. Allá los policías causaron su muerte por asfixia, con testigos a plena luz del día. Aquí, el crimen comenzó en las calles con el “taser” y terminó en forma salvaje en la penumbra de unas instalaciones de la policía. Seguramente es cierto que en las protestas se infiltraron grupos violentos e ilegales. Sin embargo, afirmar que una movilización de esa naturaleza de más de 5000 personas sea obra del ELN y disidencias de las FARC, es falso.
Más allá entonces de los fogonazos mediáticos y de los enfrentamientos de radicales de uno y otro bando en las redes, es importante reflexionar sobre lo que sucedió y lo que viene. Que puede hacer el estado para afrontar un estado extremo de indignación ciudadana y garantizar que las protestas futuras sean pacíficas. Debemos partir de la premisa que el 9S existieron graves y generalizados abusos policiales, sin precedentes por los excesos y el número de agentes del estado involucrados, y también se presentaron actos de vandalismo y violencia en las calles. Se requiere entonces una verdad integral de los hechos, sin exagerar unos ni obviar otros. Se necesita también que frente a las muertes de los 9 jóvenes se individualice rápidamente a los responsables y se les sancione ejemplarmente.
Hacia el futuro entendamos que aumentará la indignación ciudadana frente a los desaciertos del gobierno, sus ataques a La Paz, sus regresivas políticas sociales y su talante autoritario. Antes de la pandemia tuvimos enormes movilizaciones ciudadanas que regresarán ahora con más fuerza ante la profundización de la crisis social. La decisión de atribuir esas movilizaciones a las guerrillas es un camino torpe. Un regreso al pasado. No es cierto y además les otorga un poder que no tienen. Sería más inteligente entender las razones de la movilización, cambiar las políticas oficiales, reducir las tensiones y los atropellos a sectores sociales y de oposición. Y entender que estos jóvenes de las localidades de Bogotá cada día están más desesperados, no tienen empleo, perdieron la esperanza, sus sueños se frustran, y por eso salen a las calles a protestar llenos de rabia e indignación.
Más allá del 9S entendamos que los efectos sociales de la pandemia llegaron para quedarse por un tiempo y es con empatía, humildad y oportunidades como se pueden enfrentar. La arrogancia, el autoritarismo y la salida fácil e histórica de echar la culpa a los grupos guerrilleros sólo logrará echar más leña a la hoguera.
