En el simbólico fuerte militar de Tolemaida el Presidente de la República le presentó al país la “Política de Defensa y Seguridad para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad”. Es decir, presentó la estrategia del Estado para afrontar las amenazas a su seguridad, la misma que se constituirá en el norte o marco de acción, tanto para las decisiones presidenciales como para las de los funcionarios de las distintas instituciones relacionadas con la defensa y la seguridad encabezadas por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
Entre las luces que se observan en el resumen publicado en la web de la presidencia y en las informaciones de prensa, cabe destacar en primer lugar una premisa subyacente y transversal a dicha política, según la cual la principal amenaza a la seguridad interna es el vacío de institucionalidad en ciertos territorios, lo cual enhorabuena compromete al gobierno a lograr que la acción estatal no se limite al “control militar” de aquellos territorios sino al “control institucional”. De esta manera se traza la meta de “fortalecer la legitimidad estatal”, como respuesta adecuada al clamor acumulado para que las instituciones del Estado distintas a las de seguridad, como las de justicia, educación y salud, lleguen ¡por fin! a todos esos sectores de nuestra geografía en donde las organizaciones guerrilleras y del crimen organizado han encontrado terreno fértil para crecer o afianzarse.
También es de destacar que se clasifiquen como de interés nacional “principal y prevalente” el agua, la biodiversidad y el medio ambiente, por lo cual se convierte en una cuestión de seguridad nacional su protección y preservación “frente a intereses foráneos y a la acción depredadora del narcotráfico, la extracción ilícita de minerales y la deforestación”.
Sin embargo, y en detrimento de las bondades mencionadas, hay unas sombras que ojalá se despejen durante su ejecución. Esas sombras arrancan desde las respuestas que aparecen en la web de la presidencia a las preguntas de ¿quién lo hizo? y ¿cómo lo hizo? pues en ninguna de ellas aparece participando la “Consejería para la Estabilización”, la denominación que de manera diciente reemplazó la de “posconflicto”. Y claro está, tanto en la presentación pública como en los textos arriba mencionados, queda en evidencia el propósito de evitar reconocer que en Colombia ha ocurrido un conflicto armado interno, que en adelante puede o no mantenerse en proceso de terminación completa.
Si dicho propósito no estuviera vigente, dentro de la caracterización de las “Zonas estratégicas de Intervención Integral” y en las “Zonas de Construcción de Legalidad”, al menos se hubieran podido mencionar aspectos tales como: “territorios más afectados por la violencia del conflicto armado” o “territorios con mayor número de litigios de tierras, pendientes de solución” o “espacios del territorio donde se estén implementando programas de desarrollo con enfoque territorial”. Esto hubiera contribuido mejor a fortalecer la legitimidad estatal que tratar de revivir, con diferente denominación y más tecnología, las “redes de civiles informantes” del 2002.
