Nada más peligroso en el poder judicial, que confundir y atribuir sabiduría a los jueces de la jurisdicción ordinaria, la que corresponde a la constitucional. Tal despropósito ha dado origen a situaciones inverosímiles, casi de picaresca a lo largo de la existencia de la moderna Constitución de 1991, que el Congreso en sus 52 reformas volvió una gelatina. 

Aún nos queda en la memoria, por ejemplo, el 6 de marzo de 2006  en que el Tribunal de Cundinamarca ordenó paralizar las negociaciones del TLC con Estados Unidos ordenándole al señor presidente abstenerse de firmar el tratado. 

Una medida delirante, que borraba con la manga los límites de la competencia del Tribunal. Suplantaba la Corte Constitucional y destruía el principio de la superioridad de los tratados públicos internacionales. Destituía las funciones del presidente y del Congreso de la República. Pues es la Constitución la que atribuye de manera exclusiva al señor presidente la negociación de los Tratados y al Congreso su ratificación. Mal podía el Estado colombiano terminar negociando con el Tribunal de Cundinamarca o con un juez. 

La justicia no es un convidado de piedra tampoco. Pues antes de entrar en vigor, así lo dijo un mecanismo de la Constitución del 91, la Honorable Corte Constitucional se pronuncia para evitar discusiones judiciales que empañen la palabra empeñada.    

Pero bueno, el mal ha seguido, se multiplica en la medida en que las regiones, provincias y categorías de jueces, hasta llegar a los promiscuos se inmiscuyen en disciplinas que les son ajenas. 

Nada más peligroso que un juez laboral, civil o penal, alejado de los tribunales y de las altas cortes,  decidiendo sobre disciplinas constitucionales. Válganos Dios. 

Es los que nos está sucediendo en la región. Jueces penales, civiles, laborales y administrativos produciendo fallos contra la ley y la jurisprudencia, en perjuicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos colombianos, cuya única garantía es de la impugnación, pues las revisiones en la Coste Constitucional son del orden de uno en 400.

La picaresca judicial está llena de estas extravagantes decisiones. Recordemos como aquí en Cúcuta padecimos el cierre del aeropuerto por un fallo de una tutela o como un juez de Barranquilla en otro similar ordenó apagar los televisores para preservar la inocencia de los niños o la decisión de Consejero de Estado que impidió conversar sobre una consulta popular  a Virgilio Barco y Misael Pastrana.

Adenda. Así estamos con los fallos de los jueces y los actos administrativos de nuestros gobernantes regionales.