Las relaciones y contracciones entre lo político y lo económico son propias de cualquier escenario social y sobre todo humano. Podría decirse que lo político involucra un campo mucho más amplio que lo económico, así como también que lo moral, que lo jurídico, que lo religioso, etc.
Sin embargo, ¿importa lo político? En palabras sencillas sí, ya que de esta depende la viabilidad y sociabilidad de un Estado. De esta también depende que el gran pacto político originario que dio fruto a una determinada sociedad civil entre seres humanos libres sea conveniente, pertinente y necesario, para que no surjan decisiones que hagan nugatorio o contraproducente vivir en lo republicano, en lo que se denomina el estado civil (lo contrario al estado de naturaleza primitivo).
Y es que a propósito de decisiones políticas complejas y reprochables como fue la recién aprobada reforma tributaria presentada por el presidente Santos, la gran mayoría de colombianos se preguntan: ¿se vulneran los principios tributarios fundamentales de la progresividad, equidad y justicia social con el aumento del IVA del 16% al 19%?, ¿es aceptable el argumento del ministro de Hacienda Cárdenas de que dicha reforma era no solo conveniente sino también necesaria para salvar la viabilidad fiscal de la Nación y con ello obtener la calificación BBB a efectos de evitar un desequilibrio que pueda llevar al Gobierno a reducir el gasto público social?, ¿dicho argumento anterior tiene alguna relevancia superior frente al contexto de un Estado Social de Derecho donde la dignidad del ser humano, sobre todo de los más pobres y vulnerables debe ser condición anterior y fundamental ante cualquier decisión político-económica como es dicha reforma tributaria?, ¿es moralmente aceptable que se cargue a todos los colombianos, sin consideración a su capacidad económica y condición social, con un IVA del 19% para una gran variedad de bienes y servicios mientras continúan en algunos casos las exenciones tributarias para las grandes empresas y capitales o las tarifas diferenciales en renta para ciertos hechos como por ejemplo la apertura de nuevos hoteles en Colombia, por el argumento de la seguridad jurídica e inversionista?
El Ministro de Hacienda Cárdenas decía en una entrevista en el diario El Tiempo en días pasados que el gobierno al momento de organizar la mencionada reforma tributaria “estructural” tuvo en cuenta no solo razones fiscales sino también lo aconsejado por la comisión de expertos que el Gobierno creó para la presentación de este esperpento tributario. Así, entonces, siguen los interrogantes: ¿la reforma tributaria tiene en cuenta la realidad económica y social tan compleja que viven algunas regiones de Colombia como sería el área metropolitana de Cúcuta?, ¿es un elemento de justicia material distributiva equiparar sin diferenciaciones las condiciones económicas deplorables que tiene dicha región con las de las demás regiones del país?, ¿será que un IVA de 5% o hasta de un 10% transitorio mientras se resuelve la situación económica fronteriza habría impedido que la Nación hubiese solucionado su déficit fiscal?
Resta recordarle al presidente Santos que la historia es contundente al mostrar que son precisamente los tributos y sobre todo los injustos (aquellos que no tienen en cuenta los contextos sociales) los que han producido las grandes revoluciones populares en el mundo y con ello los Estados que existen en la actualidad. Eso al menos muestra la historia política de la Nación norteamericana y sobre todo de los Estados latinoamericanos y sus independencias. En definitiva, política sí pero con justica social y contextualizada a la realidad social y económica particular.
