Hechos: el Gobierno quiere legalizar los cultivos de coca de hasta diez hectáreas; los narcos pagan un millón de dólares para ingresar a la “paz total” de Petro; la disminución acelerada de las operaciones militares y policiales en todo el país, en especial pero no exclusivamente en la lucha contra el narcotráfico; la presencia armada de las Farc en Yarumal.

Que las Farc entren a Yarumal como Pedro por su casa, como antes en Policarpa y en Balboa, prueba que la paz de Santos nunca llegó. Las Farc siguen más vivas que nunca y son grupos mafiosos.

La incursión de las Farc y la ausencia absoluta de reacción por parte de militares y policías demuestra que, además, el cese del fuego de Petro esconde la paralización de la Fuerza Pública. Los grupos violentos, mientras tanto, campean a sus anchas, adoctrinando, amedrentando y delinquiendo. La población civil está a su merced. El cese del fuego ha creado muchos caguancitos en todo el país.

El descenso de las operaciones militares y policiales, sin embargo, venía desde antes del cese al fuego. Las acciones ofensivas de la Fuerza Pública se redujeron un 70% durante el primer trimestre de Petro. El Fiscal decía que había 2.260 órdenes de captura por homicidios sin ejecutar por parte de la Policía. Y había señalado que “en los dos últimos años, en promedio, llegamos a incautar entre 25 y 35 toneladas de coca mensual. Pero del primero de enero a hoy, cero”. El Director Antinarcóticos respondió hace un par de días de manera inusual. Dijo que la “Policía ha incautado, en el 2023, 35 Tn de cocaína”. Después se sinceró: “parte de estas incautaciones se realiza en territorio internacional”. Es decir, no las hizo la Policía porque ella no opera en aguas internacionales, pero la Policía se las adjudica como propias. Está en mora de decir cuántas Tn realmente incautaron. Las cifras que da ya no son confiables.

El Director Antinarcóticos también confesó algo sumamente grave: la Policía no está erradicando porque los hombres “se están reentrenando” y aún no hay definición de lo que se va a hacer este año en erradicación. El Director de la Policía tiene que decir si hay órdenes o no del MinDefensa y Petro de congelar las operaciones contra el narcotráfico.

Mientras tanto, Semana revelaba que a los narcos les están pidiendo un millón de dólares para ser vinculados como gestores de paz. “En las denuncias que hicieron varios abogados a este medio fue mencionado, con cierta regularidad y temor, el nombre de Juan Fernando Petro, el hermano del presidente”, agrega la revista. El hermano de Petro, con el antecedente de sus reuniones con narcos en la Picota, dijo que “están usando mi nombre”.

Finalmente, también se conoció que el Gobierno pretende legalizar los cultivos de coca de hasta diez hectáreas, es decir, 136.680 h, el 67% de las 204.000 que había a diciembre de 2021. Esas h producen 938 Tn de cocaína. Una barbaridad.

No sé cuál de las noticias es más grave. Parecen probar que el pacto de la Picota, nunca investigado, fue una realidad y que ahora se pagan los favores de entonces y se cumplen los acuerdos alcanzados en campaña. Un escándalo peor que el del proceso 8.000, en realidad. Y aún si tal acuerdo no existiera, los hechos muestran un Gobierno entregado a favorecer, de todas las maneras posibles, a los mafiosos, desde los de las Farc hasta los del clan del Golfo. Pero nada pasa. Con la excusa de la “paz total” llegamos a la narcocracia. Mientras, cercanos al Gobierno se hacen millonarios. Y nadie se inmuta.     

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