Se cumplen 20 años de vigencia de la última gran reforma política que se aprobó en el país en el 2003. En ese momento, incluso sin el apoyo del gobierno, se construyó un consenso en el propósito de fortalecer los partidos y acabar las microempresas electorales.

El corazón de esa reforma fue la lista única, complementada con un umbral del 3% para elegir Senadores y mantener la personería jurídica. Como consecuencia de la reforma surgieron nuevos partidos de orientación uribista y el Polo Democrático que agrupó a los distintos sectores de izquierda.

Una de las grandes discusiones se generó alrededor del mecanismo de integración de las listas. Se debía definir si la lista era cerrada y bloqueada, es decir que el mismo partido definiera el orden, o si se aplicaba la figura del voto preferente para que fuera el elector en las urnas quien decidiera ese orden dentro de la lista de sus simpatías.

Al final, el partido conservador condicionó su apoyo a la reforma a la aprobación del voto preferente. En ese momento se advirtió que se aplicaría como una medida transitoria.

La idea era que con umbral y listas únicas se avanzaría en la consolidación de partidos fuertes y posteriormente, con mecanismos serios se aprobarían las listas cerradas y bloqueadas. Hay que decir con claridad que no hay un sistema ideal y las distintas democracias, adoptan fórmulas diversas. Muchos sistemas presidencialistas y parlamentarios han migrado del voto preferente a las listas cerradas y otras han hecho el proceso inverso. No existe una fórmula ideal.

Sin embargo, en la actual coyuntura conviene avanzar hacia las listas cerradas con garantías democráticas al interior de los partidos. Tras 20 años de voto preferente, es evidente el daño causado a la democracia. Esta figura, combinada con la circunscripción nacional al Senado y la financiación privada a las campañas, se convirtió en la principal causa del cáncer de la corrupción en el país.

El sistema es perverso porque conduce a que cada campaña al Senado se convierta en una empresa personal electoral de carácter nacional, una mini campaña presidencial, que junto a la posibilidad de financiación privada y la inexistencia de controles efectivos a esos recursos, generan impacto negativo en nuestra democracia. La plata se convirtió así en el factor determinante en la elección.

Lamentablemente, los intentos de los últimos diez años 10 años fracasaron en la segunda vuelta de las reformas políticas. Ahora se corre el mismo riesgo, si no se logran consensos mínimos entre las distintas bancadas y el gobierno. Las listas cerradas son sin duda el corazón de esta reforma y sin apoyo mayoritario a esta idea, no vale la pena insistir en un acto legislativo que ya es percibido por parte de la opinión pública como confeccionada a la medida de los actuales congresistas.

Por eso, lo primero que debe hacerse en la búsqueda de acuerdos es eliminar el impresentable orangután introducido en la primera vuelta, según el cual los partidos podrán organizar su lista en el 2026 manteniendo el orden de la elección anterior. Además de inconveniente y antidemocrática, esta absurda propuesta es abiertamente inconstitucional e implica un flagrante conflicto de intereses para quienes la voten.

Si se elimina este infortunado parágrafo se podrá abrir un debate sereno, sin posiciones extremas, en el que se debería pensar también en retomar la idea plasmada en el informe de la Misión Electoral pactada en el acuerdo de paz del 2016, que recomendó la adopción de un sistema mixto con circunscripciones uninominales en Cámara, para asegurar una relación más cercana entre elector y elegido.

Una combinación de listas cerradas al Senado con distritos uninominales en Cámara, la supresión del mico impresentable y la financiación exclusivamente estatal de las campañas, podrían constituir la base de una nueva oportunidad para una necesaria reforma política. Lo único claro es que no podemos seguir en las mismas. Sin descalificaciones, sin amenazas, sin posiciones fundamentalistas, de pronto se logra el milagro.