En los últimos 12 meses, en Colombia han sido asesinados 328 líderes sociales y defensores de derechos humanos, según cifras de la Defensoría del Pueblo. 

Mientras las autoridades tratan de conocer y judicializar a los autores materiales e intelectuales de los crímenes, sucede algo más grave que el homicidio de estos individuos: Crece la estigmatización hacia ellos, con lo que la sociedad los deja aún más desprotegidos y deslegitima sus luchas y causas. 

Algunos grupos políticos han promovido la idea de que los líderes  y lideresas sociales son comunistas, bandidos al servicio de grupos criminales o simplemente guerrilleros, ignorando las luchas que estos han dado para poder representar a sus comunidades y solventar los problemas que a ellas las aquejan. 

En la ciudadanía ha germinado la idea de que los defensores de derechos humanos, activistas del medio ambiente o líderes de mesas de restitución de tierras son individuos que deben ser eliminados. 

Esto es falso. Debemos entender que los líderes sociales son los que están luchando actualmente para emancipar a sus comunidades de los cultivos ilícitos, alejarlas de economías criminales como la minería ilegal, defender los recursos naturales y el medio ambiente, o simplemente, consolidar sus territorios como regiones de paz. 

Nuestro departamento, Norte de Santander, puso 17 de los líderes asesinados en el país. 

Hacemos parte de la estadística y no podemos ser indiferentes con ellos, mucho menos, justificar su muerte. 

Son múltiples las causas del asesinato de líderes sociales y activistas comunitarios, y no sólo están relacionadas con el control de territorios que antes ocupaba la guerrilla de las Farc. 

No se puede llegar al reduccionismo de decir que en Colombia los homicidios de líderes se deben a la disputa armada por el control territorial de las áreas geográficas donde el narcotráfico aún prospera, ya que las investigaciones de la Fiscalía apuntan a que el control de las economías ilegales no es la única explicación a este fenómeno. 

Incluso, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Alberto Brunori, señaló que las causas de los asesinatos o los objetivos militares no han sido sólo personas que habitan territorios en disputa por las empresas criminales, sino también ciudadanos que lideraban causas en contra de proyectos agroindustriales y mineros o que están al frente de procesos de restitución de tierras y reparación a víctimas del conflicto armado. 

Por esto, no debemos estigmatizarlos ni minimizar su importancia para el país. Cada día perdemos a diferentes defensores de causas ambientales, líderes campesinos, hombres y mujeres preocupados por el futuro de sus comunidades. Por el contrario, como sociedad, debemos unirnos y apoyarlos, debemos visibilizar sus rostros y sus historias, conocer sus luchas y seguir sus causas, todos unidos. 

También hay que hacer un llamado de atención a los entes territoriales, teniendo en cuenta que la responsabilidad de proteger la vida de los líderes y lideresas no sólo yace en las instancias del nivel nacional del Gobierno, también es un deber de los alcaldes y gobernadores garantizar la integridad de los líderes y proveer opciones y esquemas de seguridad efectivos. 

Finalmente, debemos empoderar a las organizaciones sociales, étnicas y campesinas. La solución no está en aumentar el poder de la Fuerza Pública ni la represión mediante las armas. Es más efectivo darle voz a sus reclamos, reconocer sus esfuerzos y validar sus luchas, hacerle ver a los actores armados ilegales que los líderes son fuertes porque no están solos y que no descansarán hasta conseguir un mejor país, mejores condiciones de vida para sus comunidades. 

Es tan nuestro como del Estado el deber de apoyar a los líderes sociales y defensores de derechos humanos, protegerlos, creerles cuando los amenazan, impedir que los silencien, sólo así se superará la ola de muerte y tendremos líderes por siempre.