Con 200 años de independencia civil, que es un activo de la nación imposible de desconocer, Colombia debiera ser una democracia con mayores fortalezas en su desarrollo social, en su institucionalidad política y en su entramado económico.
Lo digo sin sujeción al lenguaje protocolario, pero con la percepción de la realidad funcional.
La Constitución expedida en Villa del Rosario en 1821 fue una apuesta progresista en el nacimiento de la república y a partir de allí tenían que haberse perfeccionado los contenidos del Estado para sus fines libertarios.
Pero desde entonces comenzó a enredarse el tejido. Muchas de las puntadas puestas con acierto se borraban luego por las contradicciones de quienes gobiernan apegados a sus excluyentes intereses.
El país se ha manejado con la alternancia de decisiones correctas y de imposiciones regresivas, con predominio de estas, bajo la imposición de la violencia, unas veces de origen partidista, otras de inspiración clasista y también, claro está, de impulso revolucionario contra el establecimiento.
Lo que ahora se padece es un remolino de violencias, cuyos actores de diferentes cepas se retroalimentan en su carrera criminal. Y es tal ese desvío que se menospreció el acuerdo de paz con las Farc en el empeño de impedir los cambios que se esperaban del proceso de desmovilización y de reconciliación.
El país está atrapado por una red de graves problemas provenientes no solamente de la pandemia, sino del mal gobierno. Todas las soluciones que se proponen desde el oficialismo resultan peores que la enfermedad.
Hay repetidas equivocaciones. Por ejemplo, se insiste en fumigación de los cultivos de coca con glifosato, a pesar de la comprobación de los efectos nocivos de ese producto químico. También se anuncian acciones contra autores de masacres, asesinatos y despojos y nunca se conocen resultados que lleven a sanciones.
En el caso de las diferencias con Venezuela, no basta con insultar a Maduro y acusarlo de dictador y protector del narcotráfico. Es mejor no repetir en Colombia sus actos.
Frente a comprobados hechos de corrupción la posición del gobierno es muchas veces permisiva. Llegan a los cargos oficiales personas que están involucradas en irregularidades y hasta se les defiende, so pretexto de la presunción de inocencia, que, si bien es un principio de justicia, no puede convertirse en una pieza protectora de delincuentes de cuello blanco.
Otro traspiés en el manejo del país es la utilización de la mentira para desorientar. La propaganda para magnificar personajes que le han hecho daño al país es de intención perversa. Y eso lo muestran como patriotismo. Es de las salidas en falso, que se repiten con calculada intención dañina.
Puntada
Con la nueva reforma tributaria propuesta al Congreso se repite la estrategia de acosar a los pobres y seguir en el modelo de sociedad clasista.
