En el sinnúmero de debates que sostenemos diariamente, encontramos el constante reclamo por la distribución equitativa del ingreso entre los habitantes, como el único mecanismo para superar la pobreza, desigualdad y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

En un contexto de cambio climático, donde el ‘nuevo contrato social’ gana cada vez más terreno y donde las ciudades se esgrimen como el asentamiento de población con mayor crecimiento en el mundo, medir las sociedades por su ingreso per cápita no sólo es reduccionista, también impide ver el trasfondo del desarrollo económico y social. 

Sin necesidad de entrar en debates al detalle atómico como el que se plantean desde el Financial Times o desde escenarios académicos como el LSE -London School of Economics-, los cuales analizan las particularidades de la medida del PIB y son altamente críticos ante el hecho de que como sociedad, medimos por igual (con el PIB) la producción de bienes que salvan la vida de niños (vacunas) y la producción de balas para armas, sí es importante saber que hablar de ciudad únicamente en términos de ingresos y de PIB, es obviar un conjunto de factores que sí pueden ser indicadores de bienestar social y económico. 

Las previsiones de la ONU sostienen que en 2050 más del 70% de la población mundial vivirá en ciudades, y que más de la mitad de ese crecimiento urbano tendrá lugar en China e India, países que en este momento se están erigiendo como centros de crecimiento económico. ¿Entonces eso quiere decir que en China e India vivirán las personas con mayor calidad de vida o bienestar? No necesariamente. 

Es importante, a la hora de debatir y analizar el futuro de las ciudades, ampliar el foco de conversación, que hoy parece apuntar únicamente hacia el ingreso per cápita. Aumentar el ingreso per cápita no es sinónimo de desarrollo social ni de un mejor futuro en las ciudades, tenemos que ser capaces de ver y aceptar que el aumento del ingreso por persona también genera conflictos en áreas que a veces no son tan perceptibles pero que hacen parte de los indicadores de calidad de vida. 

El aumento de los ingresos ha llevado a un índice creciente de la motorización (compra y uso de vehículos de transporte individual), a un incremento en los índices de contaminación y a un enfrentamiento constante entre la densidad y la conflictividad urbana. Por ello, el reclamo de los ciudadanos hacia los Gobiernos debería estar enfocado no hacia el aumento de los ingresos por habitante, sino hacia fortalecer las capacidades institucionales para dar respuestas integrales para buscar la sostenibilidad de la movilidad, la mediación de conflictos; y sobre todo, hacer un llamado de atención hacia los administradores de las ciudades, frente a los nuevos retos que se presentan en ellas y que no están relacionados con lo económico. 

Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos implica exigir a los gobiernos que el crecimiento (imparable) de las ciudades se de a partir de  enfoques de sostenibilidad, orden y justicia, donde el espacio público sea un generador de condiciones de igualdad y no un factor de conflictividad -por hablar de un solo ejemplo-. 

Si queremos mejores procesos de urbanización, y una mejoría en los indicadores de desarrollo social, bienestar y calidad de vida, las ‘hogueras del descontento’, como titula una columna de El País, deben encenderse en torno a temáticas diferentes al ingreso y la distribución de la riqueza.