En el segundo periodo del gobierno de Juan Manuel Santos impulsamos desde el Ministerio de Interior, en trabajo coordinado con dos administraciones municipales distintas, la más alta inversión para dotar a nuestra policía nacional de las herramientas necesarias para combatir la criminalidad en Cúcuta. Se logró entonces la construcción de tres grandes estaciones de policía en sectores claves, la instalación de más de 300 cámaras de seguridad y un moderno centro de monitoreo, la construcción del bunker de la Fiscalía y la dotación de un gigantesco parque automotor para la policía del área metropolitana. De la misma manera, se designaron generales como comandantes de la policía metropolitana por la complejidad de la zona y el enorme desafío de combatir las bandas criminales que utilizan la frontera para sus actividades delictivas.

Lamentablemente el anterior gobierno no mantuvo ese énfasis en la seguridad de la ciudad, que se deterioró en forma grave en ese cuatrienio, hasta el punto de sufrir graves atentados contra las instalaciones de nuestras fuerzas militares e incluso contra el propio jefe de estado. Además del desafío de los grupos terroristas que operan en el Catatumbo, el microtráfico crece en las distintas comunas de la ciudad y los atracos callejeros se convirtieron en el pan de cada día en las calles del centro de Cúcuta, ante la mirada pasiva e impotente de las autoridades. No volvieron a invertir un solo peso en el fortalecimiento de la infraestructura de seguridad que dejó de ser prioridad y no contamos ahora con Generales que con su liderazgo y experiencia combatan la delincuencia. Retrocedimos en forma grave.

Es importante que el nuevo gobierno, que cumple ya 6 meses en el poder, comprenda la difícil situación que atravesamos en la frontera. El crecimiento de todas las cifras de inseguridad, especialmente en tasa de homicidios, hace urgente un plan de choque liderado por el Ministerio de Defensa. Sin duda los esfuerzos de la Paz total del presidente Petro son positivos en la búsqueda de un alivio humanitario en el Catatumbo y ojalá se obtengan resultados tangibles, no solo en disminución de la violencia sino en la reducción del fenómeno del narcotráfico. Asimismo, el restablecimiento de las relaciones con Venezuela y la apertura de los pasos fronterizos formales debe contribuir a un mejoramiento de la situación económica y de ingreso de los hogares cucuteños, que debe implicar a su vez la disminución de la inseguridad. Pero se requiere con urgencia una política de seguridad ciudadana que hoy no existe.

Para ello es esencial que el alcalde asuma el liderazgo y comprenda que el crecimiento de los homicidios y atracos, ahuyentan la inversión y las posibilidades de desarrollo económico de la ciudad. Una nueva estrategia de seguridad para la ciudad debe incluir la indispensable cooperación binacional para enfrentar las bandas criminales que operan en la frontera; la exigencia al nuevo gobierno de asignar un General de la República como comandante de la policía metropolitana; nuevas inversiones en tecnología y movilidad, participación ciudadana, el fortalecimiento de la inteligencia y la ampliación y modernización de la cobertura de cámaras de seguridad que son vitales en la prevención, persecución y judicialización de los delincuentes.

Es cierto que vivimos momentos difíciles, pero también de grandes posibilidades con la esperanza de la Paz en el Catatumbo y el crecimiento económico en esta nueva era de las relaciones con Venezuela. Cúcuta padece hoy serias deficiencias con su malla vial muy deteriorada y su crónico problema de desempleo e informalidad. Sin embargo, la inseguridad se ha convertido en el más grave problema y no avanzaremos en la solución de los otros si no enfrentamos con decisión y eficacia la creciente amenaza a la seguridad de todos los sectores de la población. Es momento para que alcalde y el gobernador enciendan las alertas del gobierno nacional y se pueda recuperar un trabajo conjunto y sistemático con las autoridades de policía.

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