El Plan Nacional de Desarrollo que cada ejecutivo nacional debe convertir en ley de la república y que se pensó como el instrumento guía hacia el desarrollo nacional, por arte de la “viveza” colombiana, el contubernio ejecutivo-legislativo ha logrado convertir en un “mute expandido” al que le cabe todo y como hemos visto hasta ahora la administración Petro no es la excepción, sino que es su mayor exponente.

Me referiré solo a una “propuesta” de cambio: el impuesto predial, que es un impuesto local que el gobierno Petro quiere regir desde el centro e “impulsar” su crecimiento con el fin de lograr mayores ingresos locales. Es decir, una segunda reforma tributaria en ocho meses, que tiene otras aristas.

La recentralización es la más visible. La Constitución de 1991 tiene dos ejes centrales: el estado social de derecho, convertido en el derecho de todos a todo y la descentralización. Si tuviéramos un estante de libros en una pared de piso a techo, la jurisprudencia en el “derecho” a los derechos podría fácilmente ocupar casi toda la pared, mientras la jurisprudencia en descentralización se contaría en unos pocos libros.

La Constitución de 1991, en esta mirada descentralizadora separó la elección popular de alcaldes, como una jornada propia no unida a elecciones legislativas y decretó la elección popular de gobernadores. A ello le sumó que las regalías fueran a la región que las causaba y que el situado nacional de impuestos como el iva se devolviera cada vez con mayor participación de las regiones, dejando un gasto moderado en el gobierno nacional. El hermanito del inefable Ernesto Samper, Daniel, en su mirada centralista y bogotana alguna vez consideró que se debía desmontar la elección popular de alcaldes y gobernadores y que volvieran a ser nombrados por el presidente para “liberarlos” de la corrupción.

 El desfalco del SENA en la dirección del actual ministro del interior, Alfonso Prada, o la corrupción generalizada en la Escuela de Administración Pública (ESAP) adjudicada al hoy presidente del Congreso, el camaleónico Roy Barreras, o la debacle del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE), son ejemplos de la forma limpia en que se maneja lo nacional.

Es el mismo argumento de corrupción usó el Nobel para recentralizar las regalías y ya sabemos lo bien que se han desviado. Y ahora Gustavo Petro, en medio de una situación interna y externa crítica decide que las regiones deben buscarse sus propios recursos fiscales con miras a que el gobierno nacional reduzca el situado fiscal a las regiones para tener más “recursos” para la “equidad” incluyendo nuevo ministerio y más burocracia. Pero la propuesta va más allá, el Departamento Nacional de Planeación que cada día planea menos y politiquea más, será quien dirija todo el proceso de avalúos, estratificación y demás, de manera tal que los entes locales actúen como entes limitados obedeciendo ordenes centrales.

Se busca también por “ahorrar” recursos nacionales. En servicios públicos, los estratos 1 y 2 reciben subsidios y los estratos 5 y 6 pagan contribución y si el cruce de ambos es deficitario el gobierno nacional debe cubrir esos recursos. A medida que se ha desarrollado el estado social de derecho y se ha abandonado el desarrollo, los fondos de contribuciones y subsidios son cada vez más deficitarios, estresando los presupuestos nacionales.

Y como la posibilidad de revertir la tendencia es nula, se requiere “viveza”: redefinir los estratos. Y así todo el estrato 4 y gran parte del 3 se pasen a 5 y 6, el déficit seguiría, por lo que habrá que desconvertir pobres sacando masivamente gente de estratos 1 y 2 al 3 para que ya no sean objeto de subsidio. Suben el predial y bajan el subsidio. Jugada maestra contra los pobres y la clase media. Eso hizo el Nobel con la pobreza multidimensional.

Recentralización, estatización e impunidad es el “cambio”. Y las ciudades calladas. Vendrá el show de octubre y todo empeorará.