A lo largo del debate legislativo, escuchamos tanto al presidente como a los líderes de su bancada en el Congreso, repetir insistentemente que la reforma tributaria afectaría solamente a las personas de más altos ingresos en Colombia. Según ellos, solo sentirían el impacto los colombianos con ingresos superiores a $10 millones de pesos mensuales y no el ciudadano de a pie. Sin embargo, más allá de lo bonito que pueda sonar el discurso progresivo de la reforma, nos queda la duda si en la práctica eso es verdad. ¿Es real que las personas que devengan menos no se van a ver afectadas?

Creo que la respuesta es no. Quizás el impuesto anual de la mayor parte de las personas no se verá incrementado; sin embargo, creo que el efecto de la reforma sí lo vamos a sentir. El equilibrio económico se mantiene mientras la inversión privada se mantenga y se incremente; de lo contrario, solamente el Estado podría hacer las inversiones que se necesitan con unas limitaciones gigantescas y con riesgos de corrupción enormes. Ahí es donde precisamente está el riesgo. Parece que la reforma tributaria afecta negativamente la competitividad del país para atraer inversiones y generar empleo, pues incrementa notablemente la tributación de las empresas e incentiva que haya mayor informalidad.

 Con el incremento a la tarifa del impuesto a los dividendos, la tarifa de tributación nominal en Colombia de las inversiones llegó a niveles nunca antes vistos. Si a un impuesto de renta para sociedades del 35%, que ya de por sí es alto (es la más alta del mundo de acuerdo con reportes de la OCDE), se suma un impuesto al dividendo del 20%, se llega a una tarifa nominal combinada del 48% de impuestos (y eso sin contar las sobretasas y la limitación de los gastos para ciertas industrias que pueden llevar la tributación a niveles cercanos al 80%).

Vale preguntarnos si un inversionista estaría dispuesto a invertir en Colombia, y generar empleo en el país, si el retorno por regla general, por cuenta de los impuestos, es tan solo del 50% de la utilidad cuando en otros países de la región es del orden del 70%. Esto supone que la oportunidad de trabajos y salarios mejores sea menor. Por lo que es probable que el ciudadano de a pie sí vea disminuidos sus oportunidades de mejorar su posición.

 Si a esto se le suma que en vísperas de la tormenta económica internacional que se nos viene, la incertidumbre que generó la reforma y la promesa de mayores impuestos a industrias claves en la economía colombiana, impulsaron a que muchas personas y empresas sacaran sus recursos del país, llevando el dólar a máximos históricos. Impactando así el precio de muchos de los insumos de los productos que consumimos diariamente los colombianos. 

Por eso, con una inflación en un 13,12% para 2022, cabe preguntarnos si realmente la política que adoptó el Gobierno fue la indicada. Si en lugar de andar proponiendo reformas tributarias - en pleno momento de reactivación de la economía -, que siempre pagan los mismos, se hubiese dedicado a perseguir a los evasores y a reducir la corrupción, eventualmente estaríamos mejor preparados para lo que se nos viene. Y la verdad es que mientras exista necesidad de gasto del Gobierno, como los pagos a los “gestores de paz”, la posibilidad de una nueva reforma tributaria está en el panorama. Por eso, los impuestos para el ciudadano de a pie están a la orden del día.

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