Mucho se ha escrito por estos días sobre los alcances que han tomado las manifestaciones de protesta en Colombia, sobre todo después de que la Corte Suprema se ocupó del tema y produjo un fuerte llamado de atención a las fuerzas del orden por la forma como han actuado.
La verdad es que las protestas, siendo un instrumento absolutamente legítimo dentro de una democracia, en el sentido en que la ciudadanía tiene todo el derecho de manifestar públicamente su inconformismo frente a decisiones publicas, debe preocupar enormemente que degeneren, tal como lo están haciendo, en actos vandálicos y criminales. Resulta absolutamente alarmante, que en una sola manifestación, se registren centenares de heridos y decenas de muertos, y a su vez daños a bienes públicos y privados. Esto definitivamente es un verdadero atentado de las perores consecuencias, que de ninguna forma se puede tolerar.
Está mal que la fuerza publica no esté preparada para atender debidamente esta clase de manifestaciones y se produzcan excesos derivados del uso de las armas o de la represión exagerada en casos que no lo ameritaban; pero por otro lado, permitir que esas marchas, que se anuncian como manifestaciones pacificas, se conviertan en escenario de agresión por parte de elementos que nada tienen que ver con los objetivos de las convocatorias, y que de manera aprovechada buscan crear el caos para generar momentos de gran confusión, también está muy mal.
Ni lo uno, ni lo otro. Ambas situaciones son perturbadoras y deben ser sometidas a minucioso debate. La Policía demostró que no tiene una acción coordinada y suficientemente estudiada para atender esta clase de situaciones, precisamente porque sus efectivos no están debidamente capacitados, y debe esta situación producir una revisión muy rigurosa al interior de la institución, que de paso presenta preocupantes facetas en los órganos de dirección, tal como han sido evidenciados.
De otro lado, convertir las marchas de protesta en una oportunidad para el terrorismo y la criminalidad, resulta de una preocupación enorme, pues las bandas criminales no pueden aprovecharse de una manifestación ciudadana para encontrar un camuflaje perfecto para sus facinerosas acciones, y de paso convertir en victimas a quienes nada tienen que ver en los asuntos que persiguen. El ELN confirmó la infiltración, y eso es grave.
Lo que viene, tiene que ser muy bien estudiado: a la protesta hay que darle garantías para que no sea interferida por fuerzas extrañas, vale decir, criminales. Por otro lado, la inteligencia policial y los organismos de seguridad ciudadana, tienen que estar en capacidad de detectar este tipo de interferencias para neutralizarlas antes de que actúen. Estoy de acuerdo con Alfonso Gómez Méndez, en el sentido de que la Corte Constitucional seleccione la tutela de la que se ocupó la Corte Suprema, pues sería la oportunidad de fijar claros criterios al respecto
