Definitivamente la administración municipal prepara una jugadita orientada a monitorear los vehículos de matrícula extranjera que atendieron el contenido del Decreto 2453 del 27 de diciembre de 2018, expedido por la Presidencia de la República, mediante el cual se fija fecha límite para realizar el registro de dichos automotores.

El monitoreo sugerido, consiste en activar la base de datos para que el sistema de cámaras de fotodetección pueda establecer las evidencias que permitan imponer comparendos a los propietarios de vehículos de matrícula extranjera que muy juiciosamente realizaron el trámite y que hoy es un verdadero saludo a la bandera, pese a que la norma establece aprensión y decomiso para aquellas personas que no lo hicieron

Ya en el 2020, 2021 y 2022 cuando quedaron unos pocos vehículos en Venezuela con modelos inferiores al año 2015, ingresaron por “alguna vía” a nuestra ciudad y hoy nadie sabe cuántos vehículos componen el parque automotor y mucho menos, cuántos han sido objeto de acciones por parte de la DIAN y lo más curioso es que un grupo de ciudadanos manifestaron que no hicieron el trámite en su momento porque no contaban con los recursos (insignificantes por cierto), así estén montados en un vehículo de gama media alta, como por ejemplo la línea Toyota.

Ahora, el Secretario de Tránsito, sugiere que se active la base de datos, actuando de manera discriminada porque teniendo las herramientas para detectar lo que estaba sucediendo, lo dejó crecer y ahora pretende castigar a los que juiciosamente cumplieron con el Decreto. La pregunta sería: ¿Por qué hasta ahora le preocupan los vehículos de matrícula extranjera?

El asunto es que las Secretarías de Hacienda están librando comunicaciones y correos electrónicos a los presuntos deudores, informándoles que muy pronto se iniciarían los cobros coactivos derivados de los impuestos que se debieron pagar desde el año 2020, personas que bien podrían llamarse víctimas de la jugadita. Estos funcionarios, deben hacerlo porque de lo contrario estarían en contravía de las normas que establecieron el registro de vehículos.

Puedo concluir que hay uno de los actores que no ha hecho la tarea y no exactamente pertenece al resorte municipal o departamental, puesto que la aprensión y decomiso ya sabemos a quién le corresponde y de seguro no se han tenido resultados que por lo menos aliviaran ese sentimiento de “tumbados” a los ciudadanos que cumplieron la ley. Por eso es que esa “jugadita” no sería nada justa y podría ser objeto de las herramientas consagradas en la Carta Magna. 

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