La gestión que pueda realizar los recién posesionados magistrados de la Justicia Especial para la Paz, JEP, genera muchas expectativas, en un año en que debe quedar consolidado todo el proceso de posconflicto, al menos su estructura y políticas, teniendo en cuenta que el siete de agosto próximo habrá un cambio de gobierno y la continuidad de todas las iniciativas de paz es aún incierta.

Un Tribunal que antes de empezar a ejercer funciones ha tenido contradicciones y obstáculos, no solo por los reparos de algunos sectores al proceso de paz, también por los debates en el Congreso que fueron aprobados por la vía rápida o ‘fast track´, que entre otros aspectos creo impedimentos para la posesión de los magistrados de la JEP, evitando que ocho de ellos fuera investido en acto realizado esta semana en la Casa de Nariño. 

Cabe recordar que el Congreso aprobó que se impidiera la posesión de quienes fueron elegidos como magistrados y durante los últimos cinco años tuvieron alguna relación con el conflicto armado, llevado procesos judiciales en contra del Estado o aquellos que participaron en las negociaciones de paz; una decisión que fue planteada y tramitada después de conocerse los 38 nombres de quienes integrarán la JEP, situación muy criticada en las parcelas jurídicas. Este aspecto se encuentra en manos de la Corte Constitucional para su estudio de constitucionalidad.

En una Corporación tan heterogénea y con miembros de diferente origen, tampoco será fácil asumir los compromisos que tienen que afrontar, empezando por fijar su propio reglamento y administrar justicia sin que se haya definido todas las normas que regirán la jurisdicción especial, mediante las cuales serán investigados y juzgados los exmilitantes de las Farc, militares y civiles que decidan acogerse a esta jurisdicción especial de manera voluntaria, tal como lo determinó la Corte Constitucional.

Seguramente uno de los grandes desafíos de los posesionados magistrados será ganarse la confianza y credibilidad de la opinión pública, pues empezaron su gestión en la época más crítica que ha enfrentado la justicia colombiana en cuanto a imagen negativa.

Por eso deben aprovechar la pluralidad de conceptos, de interpretaciones que los integrantes del Tribunal pueden aportar a los procesos judiciales, para proferir fallos que en derecho y con la imparcialidad debida, ofrezcan garantías para salvaguardar los derechos de cada una de las partes, en especial de las víctimas, que sufrieron las consecuencias de una guerra de medio siglo de duración.

Esa será otra de las dificultades que tendrá el naciente Tribunal, ante la cantidad de víctimas del conflicto, difícil de cuantificar por todos las acciones violentas perpetradas al amparo de la confrontación. Los magistrados deben crear un mecanismo para darle participación a las víctimas y lograr la representación de cada una de ellas en este proceso, titánica tarea que requiere de mecanismos idóneos para cumplir con el objetivo.  

La confianza está en que la JEP contará con profesionales de altas calidades, sin embargo deben despojarse de cualquier consideración política o convicciones personales para impartir justicia como lo exigen las causas que estarán bajo su conocimiento.