La situación de violencia en el departamento de Nariño es cada vez más crítica y está lejos de ser solucionada. Los efectos de la firma del proceso de paz con las Farc no se han sentido en esa región, por el contrario, aumentaron las amenazas, extorsiones y asesinatos, como lo demuestran los hechos registrados en el municipio de Tumaco.

El crimen del líder comunitario Jair Cortés y las intimidaciones a las organizaciones no gubernamentales advierten que de no haber una acción contundente de las autoridades, los asesinatos continuarán. 

De la violencia en la región no escapa ningún sector, ni la Fuerza Pública. Durante los últimos dos años 16 miembros de la Policía fueron víctimas de agresiones registradas con ocasión de las actividades de erradicación de cultivos ilícitos.

No hay duda sobre la raíz de este mal, Nariño es uno de los departamentos con más terrenos sembrados con coca, amapola y marihuana, se estima que hay cerca de 47.000 hectáreas. Por su parte Tumaco, que es el centro de la confrontación, tiene más de 23.000 hectáreas de cultivos ilícitos, constituyéndose en el municipio más afectado por este problema, aunque la Policía afirma que ya fueron erradicadas unas diez mil hectáreas.

En ese puerto nariñense hay un ingrediente adicional; justamente por tener salida al mar, representa para las organizaciones ilegales un punto estratégico para sacar hacia el exterior los alucinógenos procesados en los laboratorios ubicados en zona rural.

Por supuesto que esas condiciones hacen de Nariño y en particular de Tumaco, un bocado apetecido por organizaciones al margen de la ley por la ‘riqueza’ que les genera el narcotráfico. Allí grupos de delincuencia organizada como el Clan del Golfo, disidentes de las Farc y otras bandas dedicadas al tráfico de drogas, se disputan la posesión del territorio. 

Paradójicamente con la desmovilización de las Farc, que tenían una presencia importante en la zona, las dificultades se acrecentaron, porque además de presentarse el fenómeno que las autoridades identifican como atomización (varios grupos delinquen de manera independiente), la lucha por el control del negocio ilegal tiene a la población en medio del fuego cruzado.

Eso pasó con los campesinos que murieron el pasado 5 de octubre y el crimen del líder Jair Cortés. Voceros de organizaciones sociales revelaron que las bandas delincuenciales los amenazan para marchar en contra de la sustitución de cultivos de coca y los que se niegan a protestar se convierten en objetivos militares. También son utilizados como escudos humanos para hostigar las unidades de la Fuerza Pública.

El Estado no puede declinar la lucha para acabar con el negocio de la droga en Nariño, tiene que incrementar esfuerzos porque es claro que lo que se está haciendo es insuficiente. 

La única forma de superar la violencia en el sur occidente del país, es acabando con la fuente de las finanzas para las organizaciones ilegales, pero protegiendo a los civiles. La fuerza debe aplicarse con decisión a las bandas de delincuencia, pero a la población, que busca en los cultivos ilícitos una manera de sobrevivir, hay que ofrecerle alternativas de subsistencia. 

La presencia del Estado debe ser integral, con operaciones contundentes de los organismos de seguridad pero también con inversión social, sacando del desamparo a colombianos que permanecen inermes mientras en su territorio la guerra no tiene fin.