Cuando en el gobierno de César Gaviria se consumó la estrategia neoliberal, iniciándose el desmonte del Estado como actor en procesos fundamentales de la vida del país - de los ciudadanos en su bienestar y seguridad, y de la economía en su capacidad para generar riqueza y empleo -, y se entregó esa ejecución a la iniciativa privada por considerarla más eficiente y menos corrupta para hacer la tarea, quedó claro que el Estado, representado por el gobierno, delegaba en particulares, nacionales o extranjeros, la ejecución de las acciones pero no renunciaba, no podía renunciar a su responsabilidad ante los ciudadanos de velar por que se salvaguardaran sus derechos.
Implicaba pasar del Estado ejecutor a un Estado regulador y supervisor, garante de la satisfacción de las necesidades de los usuarios, consumidores del correspondiente servicio, en el marco y con los criterios y principios establecidos en la Constitución y las leyes. Aparecen entonces en nuestro ordenamiento jurídico dos nuevos entes, las comisiones reguladoras y las superintendencias de servicios públicos.
El problema del esquema montado, que es correcto en el papel, fue que rápidamente el regulador quedó cooptado por los regulados, perdiendo su razón de ser y dejándolos libres del necesario control estatal; en sus manos quedaba la responsabilidad por la calidad y el cumplimiento de las disposiciones exigidas para el logro del propósito estatal en la prestación del servicio.
Petro en este escenario apunta en la dirección correcta para abordar la crisis generada por una política equivocada de fijación del precio de los combustibles, por la Comisión de Regulación de la Energía y Gas (CREG), creada en 1994 en la ley de servicios públicos, en la cual el Estado le delegó funciones. Hay una situación delicada para atender, como es el alza del precio de la gasolina al consumidor - por el momento no incluiría el del ACPM, por su impacto directo en el costo de vida - que es hoy con el boliviano y el venezolano, el más bajo en América Latina, consecuencia de una política continuada de precios de venta por debajo de su costo, que pudo tener una justificación parcial durante la pandemia. La realidad que se enfrenta es un precio de venta bajo, resultado de una política equivocada, y uno de compra alto y creciente, por otra mala política, pues les compramos a las empresas extranjeras el petróleo, extraído en el país de nuestras reservas, al precio internacional, hoy disparado, y a la tasa representativa del mercado, como si fuera importado. El resultado de esa política equivocada, es un déficit voluminoso y creciente del fondo de estabilización del precio al consumidor a cargo de la nación, por un monto de 37. 1 billones, de los cuales 11.6 billones no tendrían apropiación en el presupuesto de 2023; es decir, no habría conque cubrirlos.
Esta situación que le estalló al gobierno, y que echa por tierra su discurso antiminero, debe llevarlo a ser realista en la necesaria y urgente política de transición energética, al reconocer realidades tozudas que no pueden evadirse, aunque el discurso sea válido en una perspectiva de transformar lo presente.
En segundo lugar, que más allá de intervenir a la CREG, como medida de emergencia frente a una situación que puede ser explosiva, debe mandar un mensaje cargado de una voluntad política contundente de hacerle frente a una situación mayor que el gobierno debe abordar de inmediato para transformarla, que se visibilizó con la crisis del precio de la gasolina, pero que es general, como se expresa igualmente en la crisis del costo de las tarifas de la energía en la Costa Caribe, con una causa similar a la del precio de la gasolina, pues el mecanismo para establecer su valor, en este caso con el índice de precios al productor. En ambas situaciones es claro que se da la mencionada captura del regulador por el regulado. Son problemas diferentes, pero con una causa común, la captura del regulador.
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