Un amplio y diverso grupo de colombianos, ex constituyentes, exministros, congresistas, académicos, dirigentes sociales y campesinos, organizaciones de víctimas y de derechos humanos, empresarios y trabajadores, suscribimos esta semana un manifiesto para expresar una preocupación generalizada sobre los efectos que la pandemia en la  democracia en nuestro país. Es muy importante recoger algunas de estas ideas en  la actual coyuntura.

Como en muchos países del mundo, hoy la democracia está en riesgo en Colombia. Sin duda la crisis sanitaria, económica y social requsanity el estado de emergencia.

No obstante, al amparo de esa declaratoria se han adoptado decisiones que afectan severamente el Estado de derecho: el poder se ha concentrado en el Presidente, se han expedido  normas de orden público que limitan derechos fundamentales y escapan al control constitucional y las  facultades extraordinarias se han utilizado para profundizar las brechas de desigualdad social.

El Gobierno ha empleado en forma abusiva los canales de televisión, rompiendo el principio de equilibrio informativo en el contexto del Estatuto de la Oposición, se ha debilitado a las autoridades locales y no hay transparencia de la información sobre el manejo de fondos públicos.

El presidente Iván Duque gobierna por decreto, sin control político.

Desde la Constitución de 1991, en 29 años, los gobiernos expidieron 270 decretos en estados de excepción. Este gobierno, en sólo 60 días, ha expedido 164 decretos.

Ha incorporado al ordenamiento jurídico “leyes” sin deliberación democrática, en materia laboral, pensional, crediticia, comercial, de bienes. Algunas de ellas sin relación de conexidad con el tratamiento del COVID-19. El Gobierno se ha habilitado para vender empresas públicas estratégicas.

Concentración de poder antidemocrática, pero además ineficiente y discriminatoria. En escasos 100 días, el Gobierno comprometió $117 billones, sin presentar cuentas claras de la inversión de esos recursos. Las prioridades generadas por la pandemia en materia hospitalaria, de talento humano, de protección de derechos sociales, de ingresos mínimos no son atendidas debidamente.

Hoy Colombia se ha convertido en el segundo país foco de contagio en America Latina, solo superados por el bárbaro de Bolsonaro que condujo a Brasil a una catástrofe humanitaria. Y lo peor es que al mismo tiempo la contracción económica es más grave de lo previsto al inicio de la pandemia y en este frente la caída de la economía colombiana es de las más profundas del continente.

Ante esta crisis multidimensional, el Gobierno ha concentrado poderes y el Congreso ha sido confinado en una plataforma tecnológica, que da la apariencia de normalidad pero que en la práctica anula el control político, elimina las garantías para la oposición e impide la construcción de soluciones en la hora más difícil de la Nación. El Congreso no debatió ni siquiera uno de los 164 decretos excepcionales, y el Senado no se pronunció sobre el informe motivado que presentó de modo tardío e incompleto el Gobierno. Tampoco revisó las cuentas billonarias de la pandemia que comprometen el presente y futuro del país.

Con el estado de emergencia también se ha pretendido ocultar las denuncias sobre la financiación de la última campaña presidencial, el incremento del asesinato de lideresas, líderes sociales y exguerilleros en medio del silencio del Gobierno; los montajes y las interceptaciones ilegales contra periodistas, magistrados, opositores políticos, defensores de derechos humanos y los constantes ataques contra el proceso de paz.

No cabe duda. El manejo de esta situación excepcional y extraordinaria le quedó grande al gobierno Duque. Hoy vivimos, además de la crisis sanitaria, económica y social, una grave crisis institucional. Ante esta calamidad, la obligación de los ciudadanos es unirnos por encima de consideraciones partidistas para evitar que la democracia colombiana se convierta en una víctima más de esta pandemia.