No por “tierno” deja de ser absurdo el reciente pronunciamiento de la Corte sobre las prostitutas venezolanas que ejercen su oficio en Colombia.

El pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la casa de lenocinio que funciona en Chinácota, a 100 metros de un colegio y muy cerca de la plaza principal, con razón, dejó a la alcaldesa del municipio, Nubia Romero, con la boca abierta por la sorpresa.

La alcaldesa había ordenado intervenir el bar y las autoridades encontraron que allí laboraban 15 prostitutas, cuatro de ellas venezolanas, sin visas o contratos de trabajo.

Ordenó el cierre del lugar y un exalcalde presentó una tutela.

La Corte se pronunció a favor del bar y de las trabajadoras sexuales indocumentadas.

Las consecuencias de este pronunciamiento se harán sentir, no sólo en el Norte de Santander, sino en todo el país, en términos de un aumento del número de prostitutas venezolanas, ya de por sí bastante alto,  que se desplazarán masivamente para trabajar en Colombia.

La prostitución es legal en Colombia. Pero está poco reglamentada.

Sin embargo, por lo menos existe un cierto control de salud para aquellas personas que la ejercen, con el fin de evitar la propagación de enfermedades venéreas. Las venezolanas ilegales no han estado, en su país, sujetas a ese tipo de controles.

El pronunciamiento de la Corte fue no sólo sorprendente sino irresponsable.

No tuvo en cuenta las normas existentes sobre uso del suelo, localización de la casa de citas, protección de los menores que estudian muy cerca y, por qué no decirlo, la competencia desleal de las prostitutas venezolanas contra sus colegas colombianas.

Pero además, porque exigió de las autoridades  una serie de acciones imposibles de cumplir.

En primer lugar, la Corte ordenó a Migración Colombia, Defensoría del Pueblo y a otras autoridades expedir las visas de trabajo a las migrantes indocumentadas. Dijo la Corte que “en caso tal que personas extranjeras decidan desempeñarse como trabajadores sexuales en Colombia, estas entidades deben apoyarlas en la consecución de sus visas de trabajo y demás documentos que les permitan laborar en forma regular y sin persecuciones o vulneraciones de ninguna clase”. Lástima que este tipo de pronunciamiento no se haya hecho frente a los numerosos médicos cubanos que han estado varados en Colombia, sin visas o permisos de trabajo, y que muy bien podrían trabajar en municipios pequeños y alejados que no cuentan son suficientes servicios de salud y personal médico colombiano.

Como si lo anterior fuera poco, la Corte indicó que “se tiene que tener en cuenta la situación que derivó en su migración al país” y recordó que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos prohíbe “que se hagan deportaciones masivas, sin analizar la situación particular de cada persona”. En todo caso, deportar cinco personas no puede caracterizarse como una deportación masiva.

No nos caben dudas de que estas prostitutas migraron a Colombia por la insufrible situación económica, política, social y de seguridad en Venezuela. Sin embargo, ¿puede entenderse que  estas órdenes de la Corte se deberán cumplir también frente al alto número de venezolanos, en general, que ya están migrando a nuestro país  y que ahogarán nuestra frontera cuando la situación allí empeore, cosa que ocurrirá más temprano que tarde?

¿Le garantizará el gobierno nacional a los gobiernos departamental y municipal los recursos extras necesarios para atender a tan alta población flotante?

De acuerdo con la Corte, los indocumentados, en general, tendrán “derecho” de permanecer en Colombia. No de otra manera puede entenderse su pronunciamiento en el sentido de que “cualquier autoridad con competencia en el asunto deben procurar que los migrantes sean protegidos de forma plena, que puedan ejercer sus derechos, obtener la documentación para permanecer en el territorio colombiano y, de ser el caso, ser calificados como refugiados”.

El tema de seguridad en Cúcuta ya es de por sí bastante preocupante. Las estadísticas publicadas recientemente por La Opinión sobre temas de delitos y seguridad ponen los pelos de punta. Cuando visité la ciudad, en Semana Santa, los informes sobre asaltos y asesinatos me dejaron muy preocupada. Inclusive, en esos días, el Alcalde de Tibú fue asaltado cuando salía de un cajero automático. ¿Aumentarán suficientemente el pie de fuerza la policía y el ejército?

Por último, no deja de ser ridículo que la Corte ordene al municipio de Chinácota “crear políticas públicas o programas de generación de empleo, que ofrezcan oportunidades laborales alternativas para las trabajadoras sexuales y los dueños de los establecimientos de comercio que prestan servicios sexuales”. ¡Por Dios, la mayor parte de nuestros municipios no tiene capacidad de generar empleos! Por ello, las tasas de desempleo en todos los sectores son explosivas en el Departamento. ¿Qué pueden hacer los alcaldes de municipios pequeños y pobres, que no cuentan siquiera con los recursos necesarios para mejorar las escuelas y los centros de salud?  Que la Corte les cuente sus soluciones milagrosas.