Hasta que la liquidación y el cobro del impuesto predial no fue un problema bogotano, tampoco fue problema nacional como si lo es hoy. Así funciona el centralismo.

En 2012 pasamos iguales o peores apuros en Cúcuta que hoy en Bogotá pero los titulares de los medios nacionales no lo registraron, no obstante que muchos desde las tribunas de la política, de los gremios o de la sociedad civil hicimos público nuestro disgusto.

El Gobierno Central nos ignoró porque el alcalde no quiso ser vocero del disgusto colectivo. En cambio no hacía sino frotarse las manos para salir a cobrar apenas pasara el alboroto y llegara la resignación.

Hoy las cosas están maduras en Cúcuta y en las capitales del país para que mediante acuerdos de los Concejos Municipales se module la liquidación del Impuesto Predial para evitar su incremento excesivo, como lo propone el candidato Carlos Luna.

El problema del Impuesto Predial Unificado, liquidado teniendo como base gravable el avalúo de los inmuebles hecho por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, radica en que siendo un impuesto sobre la propiedad inmobiliaria y no sobre los ingresos, afecta mayoritariamente a contribuyentes que tienen ingresos por pensiones, salarios o actividades económicas ajenas al negocio inmobiliario, por lo que a menudo ven crecer su ingreso en porcentajes inferiores al crecimiento del valor del inmueble en que residen o donde tienen la sede de su negocio.

Problema normal en un país con un sistema tributario benévolo con sus pocos ricos, que pagan proporcionalmente mucho menos sobre sus utilidades que lo pagado por los pobres y la clase media mediante impuestos como el IVA y el predial.

Puesto que el valor del suelo urbano puede variar merced a la restricción de su oferta, o a la tendencia a convertirse en reserva de valor para quienes tienen excedentes de capital, o a la especulación, es frecuente que los avalúos y su consiguiente impuesto crezcan más de lo que las familias pueden pagar.

En Bogotá han propuesto que la solución es limitar el incremento del impuesto al crecimiento del salario mínimo, para que el primero nunca se incremente de año en año en un porcentaje superior al doble del incremento del segundo.

Así se protege al contribuyente de un posible ataque especulativo sobre el suelo urbano que incremente su precio exageradamente.

Es una propuesta sencilla y fácil de adoptar, que bien puede hacerlo en nuestro caso el Concejo Municipal, siempre que al alcalde le plazca, puesto que tratándose de un acuerdo sobre un asunto tributario, solo puede ser de su iniciativa.

No olvidemos que la última actualización catastral en Cúcuta, que data de 2011, registró los precios de un momento de mucha especulación inmobiliaria, cuando los recuerdos dorados del Cadivi todavía hacían pensar a la gente que sus inmuebles valían oro. Como la burbuja se pinchó y hoy tenemos crisis, no sobra, como lo plantea Carlos Luna, una actualización parcial del catastro que reduzca los avalúos. Ese convenio debe hacerse con el IGAC. Sus costos no son muy altos y en cambio traerán mucho alivio a los propietarios cucuteños.

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