El 2018 ha estado enmarcado por  un ambiente político que ha enrarecido las relaciones de ciudadanos y  distanciado a muchos sectores. Es el costo de la democracia mal percibida, cuando  prevalece la emocionalidad a la racionalidad.  Infortunadamente la mayoría de colombianos somos pasionales y nos dejamos manipular muy fácilmente. Los políticos manejan muy bien las estrategias neurolingüísticas y acuden a estas sin ningún recato en detrimento de la posición que  debe asumir un elector  analizando las propuestas y decidiendo con independencia.

Este año nos hemos visto prácticamente bombardeados con elecciones, empezando por las consultas interpartidistas donde la derecha e izquierda escogieron su candidato presidencial, la elección de senadores, la primera y segunda vuelta para elección presidencial. Esto demuestra el estado de derecho de nuestra nación, es para enaltecer y ojala permanezca siempre. Pero, también, es desgastante tanto para el elector como para las finanzas del país.

Para este 26 de agosto, la cita a las urnas es acerca de la Consulta Anticorrupción. Un mecanismo de participación ciudadana que permite que la gente decida sobre aspectos de interés nacional, departamental o municipal. Está contemplado en la Constitución de 1991 y el objetivo esencial dentro de casi dos meses es regular el protagonismo del Congreso que se ha convertido en una entidad  de prácticas corruptas.

En este aspecto,  me declaro desde ya una acérrima defensora de este derecho e iniciaré mi labor pedagógica para explicarle a mis amistades la importancia de acudir en esta fecha a ejercer el voto. 

Son 7 los puntos que se pretende se instauren en la nueva dinámica del actuar de nuestros representantes que deseamos sean transparentes, honestos que realmente ejerzan la política en su acepción más pura: la del servicio al pueblo. 

Uno de ellos, los altos salarios devengados. Se pretende con esta iniciativa reducirlo de 40 a 25 salarios mínimos legales vigentes. Esta condición de nuestros “padres de la patria” trae bastante malestar ante los colombianos que sobreviven en su mayoría con un solo salario. 

Actualmente los senadores devengan $ 31.331.821. Este salario también cubre a magistrados de las altas cortes, al procurador general, al contralor, al fiscal general, al defensor del pueblo y al registrador. Lógico, dirán muchos, el estatus y  preparación académica lo amerita. Si, en cierto grado. Lo deseable es no abusar. Por algo Colombia está entre los primeros cinco países de América que más devengan por estos cargos, le antecede México, Chile, Brasil y Argentina.

Los otros puntos para someter a votación popular: hacer públicas las declaraciones de bienes, rentas, impuestos y conflictos de interés. Muy saludable, porque permite visualizar el inicio del funcionario en su patrimonio e impedir posteriores beneficios (o mermelada) que los enriquecen ilícitamente.

Rendir cuentas sobre su asistencia, y gestión legislativa. (Es lo mínimo que esperamos los ciudadanos, ya que nosotros los elegimos y deseamos saber que hacen por la región), limitar al máximo 3 periodos (evitar los caciques), audiencias públicas para la inversión de los presupuestos, evitar la manipulación de los requisitos para los pliegos utilizados en la contratación y una de las más importantes, a mi parecer, no tener ningún beneficio para aquellos que se desvían de la honestidad. Cárcel común, una justicia menos laxa, donde se impida que los corruptos se beneficien de la redención de penas, no hospedarlos en lugares especiales. Si demuestran una actitud delincuencial ¿Por qué entonces las prebendas?