La renuncia del presidente Kuczynski del Perú, resulta ser una señal clara de que por mas de que la corrupción quiera disfrazarse y arroparse con las gabelas del poder, el pueblo no traga entero y está dispuesto a pasar la cuenta de cobro, así se trate del propio presidente de la república.
El señor Kuczynski logró salir a salvo del debate que le hizo el congreso de su país, cuando hábilmente negoció con el movimiento opositor de Kenji Fujimori los votos que le hacían falta para ganar el debate, a cambió de expedir el indulto al padre de la jefa de la bancada, el exdictador Alberto Fujimori. Pero la situación no fue atajada del todo y los movimientos cívicos del país tomaron la decisión de encender las alarmas y de ejercer una presión sobre la rama judicial, para que la investigación no parara y continuara destapando el verdadero fondo de la situación, frente al caso de los sobornos de la compañía brasilera Odebrech.
Así fue como el Presidente llegó a la conclusión de que no tenía otra alternativa y que debía abandonar el cargo ante la evidencia de los hechos, como efectivamente se dio el martes último.
Este ejemplo debe servir a todo el Continente, acosado horriblemente por el fenómeno de la corrupción, tal como se ha comprobado en Brasil, en donde los últimos dos presidentes están en manos de la Justicia, y como está ocurriendo en Argentina con el proceso judicial a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La corrupción es un monstruo de mil cabezas que requiere siempre la presencia de unos organismos judiciales robustos y de una clase dirigente que no trague entero, frente a las evidencias sobre los abusos que se cometen.
Cuando la corrupción campea, la democracia es una farsa y los organismos de poder no son mas que un instrumento ridículo que se coloca al servicio de los más rapaces para hacer de las suyas con los recursos del Estado.
Colombia es un país seriamente afectado por este fenómeno y en las mediciones internacionales que se hacen sobre la transparencia de los países, siempre sale mal librado, lo que significa que los instrumentos de justicia no son idóneos y que se requiere de herramientas que permitan la persecución efectiva de todos aquellos que han concebido el poder político como una oportunidad de enriquecimiento personal.