El lunes de la semana que pasó, cuando el reloj marcaba las seis y veinte de la mañana, se registró un lamentable accidente en la avenida 3 con calle 31, municipio de Los Patios.

Según la noticia publicada por este medio de comunicación, se trató de un vehículo tipo microbús, con matrícula extranjera, que realizaba transporte escolar, en el que resultaron heridos 17 menores, la conductora y una transeúnte.

Sobre el transporte escolar, el gobierno nacional ha avanzado en cuanto a normatividad se refiere por medio del Decreto 348 de 2015. 

El mismo establece los requisitos para que un vehículo pueda prestar el servicio y además en su artículo 25, se fijan los respectivos seguros obligatorios que deben respaldar la actividad.

Infortunadamente, dicho servicio ha tenido lánguidos antecedentes en los municipios que conforman el Área Metropolitana de Cúcuta, puesto que el número de personas que se dedican a la actividad es incierto. 

Solo se sabe que es una de las formas mediante las cuales se logra un ingreso para el hogar y ahí está parte del problema, dadas las elevadas cifras de desempleo cada día en aumento.

En cuanto a la posición de la autoridad, es realmente vergonzosa la actitud asumida por el Director de Tránsito del Municipio Los Patios, Manuel Omaña, quien descarga toda la responsabilidad a la conductora al manifestar: “La comunidad manifiesta que los conductores de estos trasportes transitan a altas velocidades. Es muy difícil si hacemos trabajos de señalización, pero se presentan imprudencias”.

Al respecto, es preciso señalar que el servicio se estaba atendiendo en un vehículo de matrícula extranjera y así estuviese en perfectas condiciones técnico mecánicas, no puede ser habilitado para el transporte escolar en Colombia. 

De igual manera, es probable que la conductora no respetó las señales reglamentarias o la señalización horizontal y que además sobrepasó los límites de velocidad, pero lo que raya en lo ridículo por parte del funcionario citado, es que según sus declaraciones, era conocedor del problema y por lo tanto, debió ordenar los operativos pertinentes.

No puede seguir pasando que la parte operativa de tránsito se dedique a mortificar a determinado segmento de conductores e ignore problemas de fondo, como lo constituye el transporte de menores, aspecto que complementariamente debe ser vigilado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cuya presencia en la temática protección es invisible. 

Son cientos de vehículos que prestan transporte escolar de manera informal y uno que otro por dentro de la norma, situación que debe ser analizada no solo por la autoridad de tránsito sino por nuestros representantes en el Congreso de la República. Mientras tanto, los accidentes que ocurran, serán objeto de la famosa y desgastada expresión: “la autoridad investigará los hechos”.