La Rama Judicial está en su periodo de vacancia, dejando este año asignaturas pendientes y padeciendo los mismos males que viene sufriendo desde hace varias vigencias.

Siempre se habla de problemas como la congestión, mora en los procedimientos, inseguridad jurídica, politización de jueces y magistrados, corrupción, impunidad, burocracia, falta de presupuesto, sistemas obsoletos porque no se cuenta con tecnologías para optimizar la atención, en fin, son muchos los temas a tratar para mejorar uno de los servicios más importantes, encaminado a resolver los conflictos y buscar la convivencia pacífica.

Más allá de todas las consideraciones sobre los inconvenientes que afronta el sector judicial, que tienen a la Rama en una alta percepción negativa y falta de credibilidad, la principal dificultad radica en el sistema de justicia del país, que no funciona porque se implementan modelos híbridos copiados de otras realidades.

Así, por ejemplo, el Sistema Penal Acusatorio que entró en vigor el primero de enero de 2005, con el propósito de darle agilidad a los procesos penales, no dio los resultados esperados porque se dejaron vías de escape para dilatar los trámites y los casos que se resolverían en seis meses o un año máximo, pueden durar hasta cinco años.

La tan anunciada y esperada reforma fracasó nuevamente. Es una materia que debe ser abordada con el compromiso de todos, buscando atacar la raíz del problema, no solo dedicarse al gobierno de la Rama que, si bien es importante hacer ajustes, no es lo que más interesa al usuario.

A esto se suma el cierre de los juzgados civiles desde el pasado 31 de octubre por cuenta del paro convocado por el sindicato “El Vocero Judicial”, que cerró cerca de 200 despachos. Por ser un servicio público esencial, consagrado en la Constitución, no se podría negar la atención como ya se ha hecho en numerosas ocasiones y casualidad o no, casi siempre en vísperas de la vacancia.  

El derecho a la asociación sindical no es absoluto, no pueden cerrar las oficinas perjudicando el funcionamiento de la administración de justicia. Justamente ese fue el argumento del Tribunal Superior de Bogotá, en su Sala laboral, para declarar la ilegalidad del paro, pues el cierre de los despachos afecta al colectivo. 
 
El cese de actividades inició el pasado 31 de octubre a raíz de un acuerdo expedido por el Consejo Superior de la Judicatura para descongestionar los juzgados de pequeñas causas y competencia múltiple de Bogotá. La discusión radica en la decisión de transformar de manera transitoria, por un año, los juzgados civiles municipales en juzgados de pequeñas causas, con el fin de que los primeros conozcan asuntos de los segundos para evacuar la gran cantidad de expedientes represados.

Es cierto que todos los despachos tienen una carga laboral alta, que no hay presupuesto para crear juzgados que atiendan la creciente demanda, pero el servicio no se puede interrumpir.

Aunque superar estas dificultades no será labor de meses ni de un año, hay que abordar las materias pendientes para que la justicia en Colombia tenga algún día las condiciones para atender las exigencias de una sociedad con tantos conflictos y aprobar las asignaturas que se encuentran con calificación en rojo.