Es raro que a un ente nuevo se le presente su gran prueba de fuego cuando aún ni siquiera ha iniciado labores. Ese es el caso de la Jurisdicción Especial para La Paz, el controvertido ente que surgió del acuerdo Santos-farc, cuyo trámite por el Congreso fue accidentado y marcó el alejamiento de Cambio Radical y su líder Germán Vargas Lleras de la unidad nacional, ese acuerdo “de intereses” que apoyó a Santos en la implementación del acuerdo. Aunque Vargas Lleras hoy dice sentirse bien con la ley de la JEP como salió del Congreso.
En su trámite legislativo, al gobierno se le criticó convertir esta “justicia especial” en una supra justicia, o un ente que la guerrilla usará para condenar a todos los oligarcas, que ellos designarán, como una “revancha histórica”, tesis defendida por el hoy “centrista” Iván Cepeda, o de ser en últimas un instrumento de impunidad para las farc; aunque varios de esos temas fueron aclarados en la ley, el de la impunidad sólo se conocerá una vez inicien los procesos contra la dirigencia fariana. Su conformación fue de mayoría “progresista” y aún sin haber iniciado funciones, ya se ha visto salpicada por problemas en algunos procesos de contratación.
Aunque se creó en el gobierno del apaciguamiento, su desempeño probablemente será en un gobierno con serios reparos al acuerdo. Y aunque el Nobel sostenga que los acuerdos están blindados, el mismo mostró que la ley se “ajusta” a la necesidad de la presidencia imperial. Como dicen los juristas, las cosas se deshacen como se hacen.
El caso del presunto narcotraficante, alias Jesús Santrich, es la oportunidad para que la JEP se comporte como un engranaje más, en su campo, del sistema jurisdiccional colombiano, o para que haga la realidad los temores de una gran parte de los colombianos que esta justicia fue creada a la medida de las necesidades de la guerrilla. Si es lo primero, veremos a los “progresistas” acusándolos de “violación de los acuerdos”, y si es lo segundo, la cuerda se templará y la sociedad buscará mecanismos para neutralizarla.
La soberbia de la extrema izquierda, que cuenta con algunos seguidores en la misma JEP, o en su soporte administrativo, como sucede con la esposa de Iván Cepeda, puede llevar a una polarización jurisdiccional en el país, con efectos de crecimiento en el riesgo país. Va jugando en primera la JEP, como se dice en el béisbol, pero de como juegue logrará carrera en el home, o seguramente, se ponchará antes de tercera.
La no venida de Trump al país y su no asistencia a la reunión de Lima para la Cumbre de las Américas, tiene tres posibles explicaciones. La primera que sea cierta la excusa de la crisis de Siria, la versión menos creíble. La segunda, la visión light, que compraron varios medios colombianos, que Trump no quería venir y sacó esa excusa. La tercera, la que parece más probable, es qué ante las crisis políticas del Perú y Brasil, sus consejeros le recomendaron no ir, para no tener que tomar partido. Y la no venida a Colombia es similar; venir a una reunión con un presidente saliente con la estantería desbaratada, que incluye el aumento continuo de la producción de coca, la crisis con Ecuador en la frontera, los escándalos de la “paz”, como la presunta corrupción con los fondos extranjeros para el auto llamado “postconflicto” y la captura de Santrich, con el subsiguiente traslado Márquez y alias El Paisa al Caquetá, era como darle aire a un cadáver, cuando en un mes puede haber un cambio más afín con la actual política estadounidense, era una estupidez. Y venir a regañar a Santos, como hizo con Peña Nieto en México, a días de aquel irse, era un absurdo. Esa nueva realidad política debería hacer pensar también a la JEP, si se le ocurre irse por aventuras leguleyas pro-guerrilla, como avalar la tesis cínica del narcotráfico como delito continuado, que libere a Santrich. La ida de Marlon Marín como testigo de la DEA confronta aún más a la JEP con su papel como un verdadero organismo de justicia.
Va jugando, dicen los comentaristas de béisbol.
