La democracia colombiana tiene graves problemas estructurales, pero en medio de las dificultades hay estabilidad del calendario electoral. Desde hace décadas los ciudadanos saben que cada cuatro años, en marzo, se elige un nuevo congreso, y en mayo el Presidente. Desde 1991 se estableció en junio la segunda vuelta presidencial. La certeza del cambio por voto popular de Congreso y Presidente cada cuatro años, es garantía institucional. Incluso cuando Álvaro Uribe decidió mantenerse en el poder y cambiar en la mitad de su primer periodo el famoso articulito de la reelección, se realizaron normalmente las elecciones de Congreso y de Presidente en marzo y mayo del 2006. 

Ahora a un grupo de congresistas de la coalición de gobierno, aupados tras bambalinas por noveles funcionarios públicos sin ninguna dimensión de estado, se les ocurrió la brillante idea de echar a la caneca de la basura décadas de tranquilidad institucional en Colombia. En momentos, además, en que el Congreso tiene un nivel de desprestigio sin antecedentes por razones conocidas. Primero plantearon el adefesio de cancelar las elecciones del 2022 y ampliar el periodo de Presidente, gobernadores, alcaldes, organismos de control y, obvio, el de ellos mismos, hasta el 2024. Con gran desprecio por la democracia se inventaron un proyecto al mejor estilo de Maduro, para destrozar el calendario electoral. Un sistema político en que las elecciones se ponen en duda, no es otra cosa que una dictadura a la venezolana. A eso nos querían llevar unos ilustres congresistas, con el respaldo subterráneo del gobierno.

Nunca imaginaron la indignación mediática y ciudadana frente a semejante atrocidad y en menos de 24 horas se vieron obligados a reversar. Pero un día después del archivo del orangután se inventan una nueva iniciativa, en una actitud que realmente demuestra el poco aprecio que el gobierno y sus aliados en el congreso tienen por las normas democráticas y la necesaria alternancia en el poder. Ahora pretenden modificar el calendario electoral, cancelar las elecciones de Congreso previstas para marzo del 2022 y unificarlas con las presidenciales en mayo, en un retroceso de más de 40 años en el reloj de la historia. Buscan que todas las maquinarias politiqueras se unan para impulsar el candidato de la derecha en la primera vuelta presidencial y debilitar el voto independiente y ciudadano que hoy es mayoritario a la hora de elegir al presidente de los colombianos. A todas luces una maniobra tramposa, con el falso argumento de ahorrar dinero al estado en momentos de crisis fiscal. 

No entienden el gobierno y sus partidos que se les nota demasiado el miedo a enfrentar unas elecciones con las mismas reglas de juego con las que ellos se eligieron en el 2018. Tampoco parecen comprender la insensatez y el peligro de sus actuaciones. Juegan con candela en momentos de gran polarización del país porque históricamente estos cambios de fechas de elecciones, con el propósito de mantenerse arbitrariamente en el poder, han generado ciclos de violencia en el pasado. Venden como segura la elección de Petro en el 2022 para asustar a empresarios y ciudadanos ingenuos, como si las únicas opciones que tuviera el país fueran la de Uribe y el candidato de la Colombia Humana, cuando falta más de un año para las elecciones. Y aún si la única opción de la oposición a este mal gobierno fuera Petro, es una barbaridad plantear un cambio tramposo de las reglas de juego dizque para evitar su llegada al poder. Absurdo, irresponsable y peligroso este camino que sólo traerá dolores de cabeza al país y al propio gobierno. 

No voté por Petro en el 2018 y ahora participamos con el movimiento En Marcha de un proyecto político distinto. Pero estas actuaciones de las fuerzas gobiernistas generan temor e inquietud. ¿Cómo se puede llamar a un sistema que con trampa y no en las urnas busca evitar que un dirigente político que dejó las armas, se la jugó por La Paz y se reincorporó plenamente a la sociedad, sea elegido presidente? Simplemente dictadura, como en Venezuela.