Los altísimos índices de ilegalidad e informalidad de nuestra ciudad obedecenen principio a una reiterada praxis regional de sacar provecho de las ventajas comparativas que la zona de frontera ofrece. El cucuteño se acostumbró a comparar precios y escoger lo más económico, sin importar el costo de la decisión en términos de crecimiento y desarrollo para la ciudad. Una clara cultura del individualismo, asentada por una fuerte influencia comercial que no buscó nunca la asociatividad, sino la competencia.

No es fácil en nuestra región llevar a las empresas a procesos de formalización, si lo que abunda en la calle es informalidad, que al final del día genera mayor utilidad, pues no tiene la carga impositiva de los formales. En nuestro medio hace carrera un dicho popular que dice: “la justicia es para los de ruana” y en Cúcuta parece que los impuestos y las multas son sólo para los legales.

Si usted hace un esfuerzo y compra un pequeño automóvil nacional, debe a diferencia de quienes tienen flamantes carros venezolanos pagar impuestos de vehículo y tener todos sus papeles en regla, so pena de ser multado por las autoridades. A esta circunstancia, ya onerosa, debe ahora sumársele que quien tenga carro colombiano, está expuesto a una fotomulta, cuyo fin no es proteger la vida de las personas, sino recaudar dinero. Si el propósito fuera mejorar la vialidad de la ciudad, la medida no dejaría por fuera al 50% del parque automotor que no puede ser multado por este medio. Eso es como tomarse un vaso de agua mitad pura y la otra mitad sin tratar, no sirve para nada. Excepto para recaudar.

En materia de impuesto de industria y comercio, se multa a quienes no presenten su autoliquidación y en la base de datos no está registrado todo el comercio de la ciudad y menos aún la cantidad de informales, que no tributan. Pareciera que se diseñan las políticas fiscales pensando sólo en los que le apuestan a la legalidad. A los que hacen esfuerzo para generar empleo y estabilizar la economía local. Pareciera que maquiavélicamente, la frase “Ser legal si paga” se tradujera en mayor carga para los que deciden hacer las cosas bien.

En materia de impuesto predial, hay en Cúcuta más de 14.000 predios que no pagan este impuesto, porque sus casas están en predios del Estado, pero a los demás si les toca pagar el predial y la valorización para poder mantener su casa. Esto genera desigualdad y pobreza entre los habitantes, desestimulando a los que quieren hacer las cosas bien.

El Estado debe proteger al legal e incentivar a la legalidad a quienes no se encuentran en ella y no dedicarse a buscar más recursos entre los que ya hacen el esfuerzo por permanecer en ella. Es equivocado pensar que a los cucuteños de bien, que han creído en su ciudad, se les puede estirar como un caucho en materia tributaria y pensar que no se van a reventar. Necesitamos revisar de manera urgente la carga impositiva de la ciudad en todos sus aspectos y evitar con ello que los impuestos antes que contribuir al desarrollo de Cúcuta, se constituyan en un incentivo a la ilegalidad e informalidad.