La política energética puede tener varios enfoques. Uno, desde la búsqueda de contar con una amplia canasta energética competitiva que promocione el desarrollo. Otro, desde la llamada “seguridad energética”, que consiste en que el país cuente con sus propios recursos energéticos que no lo obliguen a depender de importaciones.

Pero, y más importante, es que la política energética es directamente proporcional a la política ambiental, en particular en cuanto emisiones de gases de efecto invernadero se refiere, responsables del calentamiento global y cuyo control se fijó por cuotas de reducción de emisiones en la Cumbre de Paris de 2015. Además, para entrar a “clubes” de ricos, como la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), se requiere contar con producción limpia que inicia desde las fuentes energéticas.

Los países establecen políticas públicas, como la energética, para maximizar el uso de recursos propios y simultáneamente ir reduciendo el uso de los combustibles menos contaminantes. Los sectores económicos de generación eléctrica, transporte, la industria y los edificios, son los grandes contaminantes en todos los países.

También la ganadería extensiva y la tala de bosques son grandes contaminantes. Colombia, por el pequeño tamaño de su economía, a nivel mundial tiene muy poco impacto ambiental, más aún, dado que la generación eléctrica, que es de base hidráulica, no aporta a la emisión de gases efecto invernadero. La industria, que viene en retroceso en Colombia por años, es por volumen, bajo en su aporte al calentamiento global.

Los edificios aumentan su participación en la medida que el país se urbaniza en grandes áreas metropolitanas. El transporte viene a ser entonces el gran contaminador en Colombia, más aún, teniendo en cuenta la bajísima movilidad, que implica circulación urbana a baja velocidad  y, por ende, mayores emisiones. El otro gran contaminador es la tala de bosque para la siembra de coca. 

¿Cómo se entiende entonces que, en los últimos años, el diésel, el combustible más contaminante, sea el combustible de más participación en la canasta energética del transporte, mientras en varios países europeos tienen como objetivo eliminarlo de este sector para el año 2020? ¿Esto a que obedece? Colombia no tiene una política energética, ni mucho menos ambiental, así hablen todo el día de eso. Es puro santismo: globos para el público.

Ecopetrol, la “principal empresa del país”, aparte de los últimos escándalos, es nominalmente el ente principal en cualquier decisión de política energética, pero en la realidad ha actuado como la caja del gobierno de turno. En un sistema basado en el “gasto”, en concreto vía “subsidios sociales”, que no tiene una política de desarrollo sino un discurso de “estado social de derecho”, se requieren cantidades crecientes de plata y que mejor que un monopolio petrolero, para convertirlo en un monstruo destinado a maximizar su caja en el corto tiempo, sin importar a quien se afecte. Lo importante es que el estado necesita “mucha plata”. Es el síndrome PDVSA.

Por eso en la junta directiva de Ecopetrol se sientan el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional, para hacerle seguimiento a la maximización de caja de Ecopetrol. Eso terminará destruyendo a Ecopetrol, pero no importa porque el gobierno tuvo plata para el corto plazo.  Cuando Ecopetrol desaparezca, como sucederá, los “recursos del gobierno” se sacarán de impuestos, así restrinjan el desarrollo, pues lo importante es mantener la extracción de rentas con “subsidios sociales”.

Y tendrán un coro de serios economistas “serios”, que se autodenominan serios, para exigir sacrificios para mantener la “regla fiscal”, que en resumen busca mantener una calificación de deuda, de tal manera que se proteja el sector financiero nacional e internacional, otro sector “especial”. Es la política monetaria sin visión en el desarrollo. Y son “serios”, porque no les importa el modelo económico, solo que se cumpla a la regla fiscal.

Es lo mismo que ha tratado de hacer Venezuela, así haya hambre. Hay caben Hommes, Fedesarrollo, Anif y otros “economistas serios”. Y también con el coro polifónico de los medios, que aplauden las “políticas” gubernamentales, previó el pago de la adecuada cuota de publicidad, entre otros pagos.

Hablar en el actual modelo político de políticas de estado es un absurdo, que no da para tema en el discurso político actual. La corrupción solo se controla cambiando el “régimen”, pero nadie quiere.