Ese fue el compromiso adoptado la semana pasada por el sector privado en la Asamblea Nacional de la ANDI. Llevar como bandera la ética, la transparencia y la responsabilidad en cada una de sus actuaciones, en armonía con la intención que hay en el país para combatir la corrupción. 

Los empresarios analizaron la crítica situación por el flagelo de la corrupción que permeó todos los sectores activos, generando una crisis de proporciones enormes en las finanzas públicas. 

Rechazar los actos de corrupción, los sobornos, el ofrecimiento de coimas a cambio de jugosos contratos, actuar con transparencia en la contratación publicando los documentos que emanen de esos procesos, son algunos de los temas analizados por el sector privado para combatir un mal que carcome la sociedad. 

Investigaciones de entidades de control revelan que la corrupción contribuyó a que el déficit fiscal en Colombia el año pasado fuera de 23,81 billones de pesos. También la deuda del sector público llegó a 516,59 billones de pesos, lo que representa el 56,6 por ciento del Producto Interno Bruto. 

Es importante la voluntad de los empresarios para adelantar acciones tendientes a combatir la corrupción porque la responsabilidad es de todos, de quien recibe y quien ofrece, quien se queda con los dineros del Estado y el que guarda silencio al conocer sobre esas irregularidades. 

Se necesita de un frente común para mitigar o acabar con el mal, no solo de los industriales, la voluntad del gobierno, la justicia, los organismos de control y la clase política es fundamental. Hay que hacer un control riguroso sobre el manejo de los recursos públicos y en ello los órganos de control desempeñan una tarea fundamental, por eso su deber no es solo reportar los hallazgos en las entidades estatales, se requiere de las advertencias previas para evitar el desvío de los dineros, porque regularmente cuando se alerta que algo está mal en la administración de la hacienda, el patrimonio ya fue repartido y se hace imposible recuperarlo. 

En mora estamos de masificar una campaña educativa por la transparencia, empezar por generar la cultura de respeto por lo público, concientizando que los bienes del Estado son de todos. El respeto por los recursos oficiales tiene que promoverse desde el más pequeño de los cargos y contratos que se suscriban, porque allí también se reparten comisiones, hasta las millonarias contrataciones que generan los grandes desfalcos a la nación. 

Los anuncios del Gobierno, de empresarios, de la clase política y entes de control de hacer una lucha sin tregua contra la corrupción no se puede quedar en buenos deseos y promesas de campaña, si no pasamos a la acción, evitando el desangre de las finanzas y recuperando los dineros perdidos, todos tendremos que pagar ese déficit con mayores cargas impositivas.