Siempre que en el país se programe un evento electoral, los trabajadores y empleados estatales se dedicarán a rezar y mandar promesas para que no sean seleccionados como jurados.
Cuando la suerte esté echada y no haya como reversar el compromiso, el calvario comienza con las sesiones de capacitación que, al parecer, no evitan las equivocaciones en el conteo de votos y la preparación de los informes finales.
La mayor preocupación, sin embargo, es el lugar donde esté ubicada la mesa de votación, si es en zona urbana, no hay problema, pero si le corresponde en una distante vereda de su municipio, las oraciones anteriores se incrementarán de manera considerable para que la seguridad personal no se ponga en riesgo.
Como si no bastara con la asignación de localidades ubicadas en regiones azotadas por el conflicto armado, se deben buscar a verdaderos guías para que expliquen la manera de acceder a dicha vereda, donde muchas veces deben pernoctar por las enormes distancias o por los fuertes aguaceros, pagando de su propio bolsillo el transporte, alojamiento, alimentación, y algunos imprevistos.
Si la suerte ha sido más benévola y le correspondió en el área urbana, debe esperar que haya empatía y coordinación con los demás jurados, porque de lo contrario, el tiempo se alargará, muchas veces hasta las diez u once de la noche.
La participación de votantes analfabetos representa inconvenientes y amenazas porque las orientaciones pueden interpretarse como presiones para que voten por determinados candidatos y muchos de los jurados son acusados por los testigos electorales ante las autoridades.
No obstante el control de la policía en las entradas a los sitios de votación, se presentan casos complicados de electores ebrios que intentan sabotear el proceso electoral, sin descartar las actitudes violentas de algunos testigos a la hora del conteo de votos y la posible eliminación de tarjetones.
La Registraduría municipal no tiene en cuenta las condiciones topográficas para asignar las mesas de votación de acuerdo con la edad de los votantes, tal como ocurrió el domingo pasado cuando muchos ancianos tuvieron serias dificultades para acudir a la antigua caseta monumental, cerca a la escuela Milanés, debido al fuerte descenso que debieron emprender para depositar sus votos.
Desde las siete de la mañana hasta las once de la noche, en el peor de los casos, no reciben ni un vaso de agua y para almorzar, cuentan con una hora para trasladarse a sus casas, a veces ubicadas en barrios distantes, porque intentar alimentarse en los restaurantes del centro de la ciudad, es bien complicado y es muy difícil hallar cupos.
Salvo casos especiales como enfermedades o calamidad familiar, los trabajadores o empleados oficiales no pueden eludir el compromiso como jurados de votación: destituciones o multas hasta de ocho millones de pesos se anunciaron este año para quienes desacataran la convocatoria del gobierno nacional.
Como en este país las reformas políticas nunca prosperan, por ahora es casi imposible esperar que a mediano plazo se aplique el voto electrónico o que a los jurados electorales se les pague el día laborado y ojalá que tuvieran en cuenta a los jóvenes profesionales desempleados para cumplir esta misión.
Por lo anterior, muchos docentes, empleados y trabajadores estatales , siempre que se programen comicios seguirán tratados como “esclavos electorales”.