El país se alista para una nueva jornada electoral, la consulta anticorrupción, que por decreto del presidente de la República fue convocada para el próximo domingo 26 de agosto.
Aún no se establece su costo, mientras los promotores de la iniciativa aseguran que el valor es cercano a los cuarenta mil millones de pesos si se compara con la última consulta realizada por el Partido Liberal, la Registraduría señala que podría llegar a los trescientos mil millones por ser un proceso complejo que implica la verificación de siete preguntas que deben contarse una a una.
Pero ¿la consulta popular será efectiva para combatir la corrupción? Antes de responder esa inquietud es necesario analizar el contexto de los problemas de corrupción en el país.
Es claro que la corrupción no es un mal del siglo XXI, ha estado presente durante toda la vida republicana, aunque ahora es más visible por todas las herramientas constitucionales, legales, de veedurías ciudadanas, organismos de control y medios de comunicación que evidencian la magnitud del desfalco en los recursos públicos, que es estimado, de acuerdo con cifras del Contralor General, en 50 billones de pesos al año.
Es un problema cultural arraigado en Colombia y Latinoamérica, por eso las irregularidades se manifiestan a todo nivel, desde una junta de acción comunal del barrio más pequeño o una administración de propiedad horizontal, hasta en las corporaciones de mayor jerarquía como el Congreso de la República y las Altas Cortes, pasando por alcaldías, gobernaciones, entidades descentralizadas, en fin, la lista es infinita.
Que todos los colombianos salgan a las urnas a votar una consulta no acaba con la corrupción. Seguramente no habrá campañas a favor del manejo irregular de los recursos. En este punto es bueno aclarar que ya fue anunciado el apoyo a la abstención por parte de algunos funcionarios judiciales que hacen parte de la Corporación de Jueces y Magistrados, Corjusticia, pero no porque estén de acuerdo con la corrupción como se ha comentado de manera malintencionada, argumentan que no aprueban la reducción del sueldo a servidores de la Rama Judicial con razones válidas.
Señalan en Corjusticia que preguntarle a la ciudadanía si está de acuerdo con reducir el salario de altos funcionarios del Estado es tanto como decir que éstos son el origen de la corrupción. Además, que es legítimo que un profesional que se esforzó para capacitarse y acumular experiencia durante su vida laboral, tenga la esperanza de obtener una buena remuneración y si eso desaparece, no habrá incentivos para que lleguen los mejores a cargos de dignidad en el sector público.
El problema no está en los salarios de los servidores, es un mal endémico de nuestra sociedad que debe combatirse desde los hogares, en los colegios, en las universidades, para generar la cultura de la transparencia.
Por supuesto que la generalidad de los colombianos estamos de acuerdo con enviar a la cárcel a los corruptos y prohibir que contraten con el Estado, que el manejo de la contratación sea transparente, que el sector público rinda cuentas de su gestión y haya un límite de periodos para cargos de elección popular; pero para eso no se necesita una consulta popular y tampoco es el mecanismo idóneo en la consecución de dichos objetivos, por el contrario, el Estado tendrá que gastar una cifra alta de dinero que paradójicamente, podría terminar originando actos de corrupción.
@WilsonRuizO
