“La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público”. Si esta disposición establecida en el artículo tercero de la Constitución Política se aplicara de manera taxativa, seguramente contaríamos con unos servidores públicos cumpliendo cabalmente con sus funciones, porque tendrían la obligación de rendir cuentas de lo que hacen y dejan de hacer.

Una de las causas de la corrupción y de instituciones ineficientes, es el ‘poder absoluto’ que creen tener quienes tienen cargos de influencia, disponiendo a su antojo de los recursos a ellos encomendados. El funcionario cuando se posesiona obtiene la representación de un pueblo, de donde emana el poder, pero tanto  administración como administrados terminaron, en la práctica y creencia popular, alterando este imperativo constitucional.

Por eso es tan importante que el ciudadano sea consciente de la posición que debe adoptar al momento de acudir a las urnas para depositar su voto, pues en ese acto está delegando el poder que le otorga la Constitución. Todos deberíamos practicar una vigilancia sobre las personas a quienes confiamos la responsabilidad de ejercer las funciones públicas, si así se hiciera, las campañas políticas no tendrían las mismas promesas incumplidas de cada periodo electoral. Quien obtiene la representación otorgada por el pueblo, con anticipación presenta propuestas para la gestión que aspira desempeñar, las cuales se pueden evaluar en el trascurso y al final de su periodo.

Si la vigilancia es juiciosa, habría que revisar las tareas hechas por los dirigentes políticos, cuáles de los compromisos no fueron realizados y las razones de ello, y qué acciones adelantó que no estuvieran enmarcadas dentro de sus facultades legales.

Particularmente a las autoridades ejecutiva, legislativa y judicial del Estado prefiero llamarlas Ramas de la Función Pública y no Ramas del Poder Público, porque constitucionalmente hablando cumplen unas funciones.

Servidor público es la persona encargada de labores que buscan el bienestar para la sociedad, en otras palabras, sirven al ciudadano y es gracias al aporte de éste último que obtienen su remuneración salarial, desde el Presidente de la República hasta el cargo de menor rango del Estado. 

Los electores antes de dirigirse a las urnas el próximo 11 de marzo en los comicios legislativos y el 27 de mayo en la contienda por la Presidencia, tienen el deber de hacer una evaluación sobre la trayectoria de la persona que los va a representar, y los candidatos no pueden olvidar que la rendición de cuentas sobre la gestión que desempeñen, constituye una herramienta importante para el sostenimiento de la democracia.