Una política fiscal contraccionista se presenta cuando se toman decisiones para tener un gasto gubernamental reducido, o aumentar los impuestos, e incluso una combinación de las dos. Este tipo de política es la que se nos está implementando actualmente, y la que pretende resolver una serie de gravísimos descuidos que se cometieron durante lo largo del año anterior y que ahora nos pasan factura.

Los conceptos de política económica y fiscal nos enseñan que si se presenta una situación en la cual la economía se encuentra estancada, el consumo es bajo y las empresas no pueden producir con toda su capacidad, como es nuestra situación; el Gobierno puede buscar incentivar el consumo reduciendo los impuestos que se le cobran al público, logrando que las personas tengan más recursos disponibles para adquirir una serie de bienes y servicios. Sin embargo, esto no se está aplicando, sino que, por el contrario, los impuestos aumentan y, debido a la inflación y el valor del salario mínimo; los consumidores tienen menos dinero en sus bolsillos.

Más allá de los discursos optimistas y emocionados del Gobierno acerca de la supuesta excelente gestión que se realizó durante el año, la realidad es otra. Un ejemplo muy pequeño de esto fue la ‘dormida en los laureles’ que se permitieron los economistas del Ministerio de Hacienda, Minas y Energía respecto a los ingresos que se recibirían por explotaciones de hidrocarburos como el petróleo. Estos señores fueron incapaces de prever la reducción del precio del petróleo, lo que llevaría a una disminución del presupuesto de regalías en $18 billones; incidiendo a su vez en la disponibilidad de recursos para diversos rubros de los territorios.

Debido a lo anterior, muchas de las cosas que estaban planeadas con esos recursos ya no se podrán llevar a cabo. A esto le añadimos el cóctel triple sec del aumento del dólar, la disminución de las importaciones y el fenómeno del Niño, causando una inflación desproporcionada y difícil de controlar; aún menos  con el salario mínimo vigente ($689.454) y con el posible iva que oscilaría –que no ha sido decretado– entre 18 y 19 por ciento.

Recordemos que el salario mínimo aumentó un siete por ciento, que estaría por debajo o muy cerca de la inflación, que éste sólo alcanza para pagar la mitad de las cosas de la canasta familiar, y que un 55% de la población gana este salario. Teniendo esto en cuenta, podemos ver que el panorama no es muy prometedor y que los empresarios, con su mezquindad frente a sus subalternos no contribuyen a dar luces de esperanza.

Hablando de la mezquindad del empresario, los colombianos deberían fijarse en la actitud de estos frente a las negociaciones del salario mínimo y las condiciones laborales del país actualmente. No olvidemos que fue por influencia de aquellos que se instauró el peor vínculo laboral de nuestro tiempo: El contrato de prestación de servicios. Sin estabilidad, sin prestaciones y sin seguridad social;  la cual, por cierto, le toca al empleado. Con el aumento del salario mínimo también aumenta la cuota moderadora de las EPS, empeorando la situación financiera de los colombianos. Así que si de protestar se trata, por qué no protestamos contra las empresas que sólo contratan personal de esta manera para ahorrarse costos.

A ustedes señores empresarios, les digo: quédense tranquilos que los impuestos no van a afectar sus bolsillos sino los de sus empleados; quienes ahora pagarán iva en productos que estaban exentos (como huevos, leche arroz, carne y pescado).

Lo triste de la reforma tributaria es que lo que más le duele a algunos es el Impuesto a la Riqueza, con el que cincuenta y seis mil personas naturales (es decir, el 0,1% de la población colombiana) serán gravadas por tener patrimonios netos superiores a mil millones de pesos. Entonces me pregunto qué clase de lógica están imprimiendo aquellos que se ‘indignan’ con el aumento del salario mínimo, a la vez que se sienten contentos porque los impuestos se le trasladen al ciudadano y no a las empresas; y al mismo tiempo que protestan por un gravamen que se destinaría a política social.