El bochornoso incidente que se observó en la Cámara de Representantes, el pasado 10 de mayo, en donde un grupo de congresistas pretendían que fuera la Biblia y no la Constitución Nacional, el documento que sirviera de base para zanjar las diferencias de opinión entre los colombianos, es una muestra de que estamos frente a un asunto al que le debemos prestar la mayor atención.
Frente a la injerencia cada vez mayor, a nivel electoral, de las diferentes iglesias del país, harían muy bien las directivas del Congreso en recordarles a sus miembros, que por encima de cualquier ideología o credo, nos es conveniente tener en cuenta que somos un país laico.
Dios no puede ser utilizado como el árbitro definitorio en las discusiones que allí se presentan.
La discusión que se dio en la Asamblea Nacional Constituyente, que culminó en la Carta Política de 1991, no fue de poca monta.
Lo anterior, porque la Constitución que se estaba reemplazando decía en su artículo 38 que “La Religión Católica Apostólica y Romana, es la de la Nación; los Poderes Públicos la protegerán y harán que sea respetada como esencial elemento del orden social”.
Ello significaba que la Iglesia Católica estaba por encima de los demás credos, y por tal razón, tenía línea directa con el poder político. A tal extremo que las demás religiones, no solo eran excluidas sino en muchas ocasiones perseguidas.
Como ha ocurrido en el resto del mundo, nuestra historia reseña la existencia de serios incidentes de persecución religiosa.
En la Colonia se rechazó a los herejes luteranos y judíos. En los años 50, existió persecución contra los protestantes, llegando al colmo de que la intolerancia cobro victimas en todos los credos.
Por tal razón, resultó de vital importancia que en la Constitución de 1991, se incluyera, en su artículo 19 que en la misma “Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva”.
Lo anterior tiene dos connotaciones primordiales: que el Estado debe dejar de promover a la Iglesia Católica, lo mismo que a las demás iglesias, para imponer una exclusiva posición laica , que permita a los colombianos poder practicar la religión que a bien tengan, sin impedimento alguno por parte del Estado.
Pretender que los congresistas, o los movimientos ciudadanos, puedan proponer a la Biblia como el documento esencial del Estado, es intentar socavar la necesaria separación que debe existir entre esta y aquel.
Propugnar porque se mantenga esta separación, es una sabia decisión que debiéramos tomar todos los ciudadanos de este país. Si respetamos las diferencias existentes, sin discriminación alguna, estaríamos erradicando la posibilidad de que, en Colombia, pueda oprimirse a alguien por sus creencias. Si deseamos vivir en paz y alejados de las discordias y controversias que por tal concepto puedan presentarse, acudamos a la Constitución, esa irremplazable carta institucional que habrá de conducirnos a la reconciliación.
