Ya en unos escritos anteriores hice mención de la necesidad que Cúcuta contara con un buen número de cámaras de seguridad en puntos estratégicos de la ciudad y en especial en las calles del centro que brindara esa sensación de seguridad entre los que habitamos en forma permanente la urbe y los que en forma ocasional nos visitan. Hice más. Adelanté conversaciones con unos representantes de los comerciantes, instándolos a respaldar la idea, motivando a sus afiliados a que colaboraran con sus recursos en la instalación de un buen número de cámaras en las calles colindantes con sus negocios.
Me respondió el representante de los comerciantes que ellos pagaban impuestos y no tenían porque financiar unos aparatos responsabilidad del gobierno. Por supuesto la respuesta me dejó ¡PLOP! como dijera condorito. Este columnista también llevó del bulto en pasados días, en el parque La Ceiba a escasos 50 metros del CAI, cuando sorprendido por un delincuente con pistola en mano me arrebató el cel. Cuento el cuento porque con mucha serenidad calme al delincuente.
El celular lo reemplacé, la vida no hubiese podido. Me acerqué al CAI a informar del hecho y un policía somnoliento sin inmutarse (eran las 9 de la noche) tomo apuntes en una libretica mugrienta por el uso. Bitácora, libro de denuncias o minuta nada.
Puedo apostar que no quedó registrado oficialmente el atraco. Se debe pensar que la mayoría de atracos en la ciudad no quedan registrados y los índices de estos delitos son mucho mayores que los publicados por la misma policía. Con el anuncio del gobierno, de instalar 256 cámaras más, con una inversión de 9.600 millones de pesos, damos un paso importante en la lucha contra el crimen en todas sus modalidades. Con esta tecnología indudablemente que la delincuencia se frenará en su accionar y no podrá actuar a sus anchas como en la actualidad está sucediendo. Pero todo no es color de rosa.
Si con las cámaras se facilita la judicialización de los individuos, con esta justicia tan permisiva motiva al delincuente. No es posible, error, si es posible por cuanto lo vivimos a diario, que un atracador es pillado infraganti, conducido ante los juzgados, presenta un prontuario de entradas por el mismo y otros delitos, inclusive con el brazalete puesto y el juez de garantías o el de conocimiento lo devuelve a las calles con cualquier argumento esgrimido por su abogado defensor. No hay derecho, eso es torcido.
Menos mal que el Congreso abrió los ojos y se está legislando para endurecer las penas y no darles la domiciliaria a los bandidos que atracan y matan a los ciudadanos indefensos por robarles su tel. portátil. Ojalá que con el mismo argumento del hacinamiento de las cárceles no naufrague este proyecto de ley. Lo que sí es loable mencionar y hacer un reconocimiento, es a nuestro coterráneo Juan Fernando Cristo Ministro del Interior, sin él al frente de tan importante cartera, no hubiese sido posible obtener estos recursos para nuestro departamento siempre rezagado en el concierto nacional. Buena por eso Ministro.
